Editorial
Ciudadanía debería recibir a los migrantes con los brazos abiertos
Desde la crisis del coronavirus se han visibilizado problemas que se sabían que existían, pero que el país los había escondido detrás de la ilusión del crecimiento económico. El desastroso sistema de salud, la precariedad del empleo, el poder de mercado por parte del sector empresarial tanto en los productos de venta al público como al Estado se visibilizaron en las primeras semanas. En las últimas semanas está en el debate público el retorno de los compatriotas en medio del rechazo de una parte de la ciudadanía y de una gestión pública desacostumbrada a atender las necesidades con enfoque de derechos. Ojalá que esta experiencia nos enseñe a ser un país más solidario y respetuoso de los derechos.
Paraguay siempre fue un país de expulsión de fuerza de trabajo hacia diferentes países. Argentina es uno de los que históricamente son importantes tanto por su antigüedad como por la cantidad de migrantes; en las últimas décadas también recibieron paraguayos Estados Unidos, Brasil y Europa.
A la migración laboral se le agrega el exilio político en los años de la dictadura y, más recientemente, la migración por estudios o por enfermedad de quienes, sufriendo una afección, deben recurrir a la Argentina para recibir servicios de salud.
Uno de los efectos de la expansión del coronavirus ha sido el retorno de paraguayos del extranjero por diferentes razones. Una de las más importantes ha sido la pérdida de empleos debido a las cuarentenas en el exterior.
Los nuevos desempleados se ven obligados a retornar por la imposibilidad de mantenerse en el exterior sin trabajo y por la incertidumbre de volver a encontrar empleo una vez que se levanten las restricciones.
Para otros, además del desempleo, la motivación estuvo en la diferencia en las políticas de contención. Es el caso particular del Brasil, con nula protección a los habitantes, frente a Paraguay, casi sin contagios a dos meses de detectado el primer caso.
En la mayoría de los casos, la migración es el resultado de la falta de oportunidades en nuestro país. Aún así, los migrantes no han sido desagradecidos. El envío de remesas ha rondado en los últimos años los 500 millones de dólares anuales. Estos recursos contribuyen a mejorar la calidad de vida de alrededor del 7% de los hogares y con su consumo también aportan al Fisco.
A pesar de ello, una parte de la población, en total desconocimiento de los derechos que le amparan y por falta de empatía, se ha puesto en contra de su regreso al país, dando cuenta del fracaso del sistema educativo en la generación de una ciudadanía poco apegada al derecho y con escasa solidaridad con los demás.
El Gobierno en un primer momento se dejó llevar por la reacción negativa y no solo retrasó acciones para ayudar a los compatriotas en el exterior, sino que algunos de sus representantes alimentaron el rechazo con expresiones públicas fuera de lugar.
Mientras otros países anuncian el éxito de sus estrategias para ayudar al retorno de sus migrantes mereciendo el aplauso de la ciudadanía, nuestro Gobierno se resbaló en sus primeros pasos, mejoró en los siguientes por la presión de los compatriotas en el exterior y, en este momento, está poniendo su mayor esfuerzo.
Los migrantes tienen el derecho de volver y el Estado de garantizarles un retorno seguro. Es urgente que se aumenten los lugares para realizar la cuarentena y se cumplan los protocolos existentes.
Ellos están amparados por el derecho a vivir en su país, y es nuestro deber retribuir el esfuerzo que realizaron en el exterior al enviar remesas a sus familias, al retornar después de haber estudiado o de haber pasado lejos de su entono por una enfermedad. Si realmente queremos autodenominarnos una sociedad solidaria y fraterna, el Gobierno y la ciudadanía deben recibir a los migrantes con los brazos abiertos.
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