Mediante un comunicado, la Asociación Cooperadora Escolar de Padres lamenta profundamente la suspensión, explicando que la decisión de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) afecta directamente a los estudiantes, quienes merecen condiciones adecuadas y dignas para su proceso educativo.
En el comunicado, también se expresa el repudio hacia lo que consideran una “persecución política” y los ataques de ciertos sectores opositores, los cuales, lejos de contribuir al desarrollo de la educación, buscan obstaculizar proyectos que han demostrado ser efectivos y transparentes.
“La educación no debe ser utilizada como un campo de batalla política; debe ser una prioridad para todos”, enfatiza la ACES Distrital, reiterando su compromiso con la mejora continua de la educación y el bienestar de los estudiantes.
Asimismo, se destaca el reconocimiento a los esfuerzos previos, tales como la adquisición de mobiliarios escolares y la lucha contra la corrupción que afecta al sistema educativo.
“Queremos dejar en claro que no estamos alineados a ningún sector político. Nuestro único objetivo es velar por el bienestar de los niños y adolescentes de las instituciones educativas públicas, asegurando que cuenten con los recursos necesarios para su educación”, aclara.
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El comunicado finaliza con un llamado a las autoridades competentes para que reconsideren esta decisión y permitan que el proceso de licitación impulsado por la Municipalidad de Ciudad del Este continúe.
De este modo, se garantizaría el derecho de los niños a estudiar en condiciones dignas y se priorizaría siempre el acceso a una educación de calidad. “Seguiremos defendiendo el progreso de la educación y el bienestar de nuestros estudiantes”, concluye.
La Comuna de CDE llamó a licitación para comprar muebles escolares por G. 273.000 cada uno, tres veces más baratos que los adquiridos por Itaipú, que fue a un costo de entre G. 820.000 y G. 850.000. La firma Kamamya SA fue la adjudicada.
Pese a existir sendos cuestionamientos sobre el aparente direccionamiento en el llamado de Itaipú, la Fiscalía no ha abierto ninguna investigación.
