La postura del gremio fue confirmada por Iván Dumot, vicepresidente del CIP y coordinador de la Comisión Especial conformada para el estudio del mencionado proyecto. El comunicado difundido por el CIP afirma que el proyecto de ley figura en el orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara Alta prevista para mañana.
El gremio importador sostiene que el proyecto de ley no debe ser aprobado en los términos actuales, citando cuestionamientos como que “el proyecto de ley inconstitucional que pretende violar principios fundamentales como el de legalidad, libre concurrencia e igualdad tributaria”.
Además, los importadores alegan una falta de información precisa, pues hasta la fecha no se realizó un relevamiento completo y exacto de las restricciones económicas y sanitarias, corriendo el riesgo de aprobar reglamentaciones inaplicables o irreales. Al mismo tiempo, indican que la inexistencia actual de plataformas de control –declarado por las propias autoridades tributarias– no permitirá realizar el seguimiento de la mercadería, incentivando el reingreso de los bienes del régimen de turismo al mercado nacional, agravando la situación acuciante de contrabando que viven los asociados al CIP en este momento.
Además, el gremio resalta que el proyecto de ley de los comerciantes de frontera colisiona con compromisos y acuerdos internacionales asumidos por el país, como miembro de la OMC, el Mercosur y otros organismos multilaterales, según lo expresado por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual perjudicará gravemente la economía del país.
Las autoridades de aplicación y control en la materia (SET y Aduanas) calificaron al proyecto como inaplicable y advirtieron que puede generar una grave disminución de los ingresos al fisco, que en la pospandemia se encuentra más necesitado de recaudación, según alegan los importadores.
“El modelo de régimen de turismo debe basarse en listas cerradas y concretas de productos beneficiados, llamadas listas positivas, no en una apertura total a todos los rubros comerciales, ya que solo deben impulsarse en ese modelo aquellos que por su naturaleza tengan demanda en el turismo, minimizando así los conflictos con la economía general del país”, indica al mismo tiempo el comunicado del Centro de Importadores.
Impacto. El gremio resalta que no existe equilibrio ni análisis del impacto que tendría el régimen en los distintos rubros. “Se debe tener en cuenta que no todos los rubros requieren el mismo nivel de reducción impositiva para lograr competitividad, debido a que hay algunos que hoy son sumamente competitivos y otros que están totalmente fuera de mercado”, reseñan.
Al encontrarse ampliada la vigencia al 2033 del Listado de Excepciones del Mercosur, se debería trabajar en potenciar los beneficios e incluir nuevos rubros al listado, pero en el proyecto en estudio directamente ignoran la normativa del Mercosur, afirman los importadores.
“El enorme gap (brecha) de impuestos propuesto entre el turismo y el mercado doméstico, sin dudas, contribuirá al crecimiento de la economía informal, que hoy ya supera el 40% del PIB del país”.
También aducen que el contrabando es un castigo a la formalización de la economía y a la generación de puestos de trabajo legales y dignos.
“El presente proyecto representa un enorme riesgo de generar otro frente de contrabando aún más difícil de controlar que sería el contrabando interno, con mercaderías del régimen de turismo permeando al mercado general debido a la gran diferencia tributaria propuesta”, concluye el comunicado.
Los importadores alegan que el Senado debe rechazar el proyecto presentado por los comerciantes de frontera por “representar una grave amenaza para el comercio formal, lícito y leal”.
Proponen mejorar solo ciertas tasas impositivas
“Creemos que es necesaria una mejora en ciertas tasas impositivas en la frontera para devolverle la competitividad perdida en ciertas categorías de productos –pero no en todas–, que son importantes para el sector de turismo”, resaltó Iván Dumot, vicepresidente del CIP. Agregó que el gremio se mantiene en que se debe estudiar cada partida arancelaria para otorgarle la reducción impositiva necesaria para que se vuelva impositiva, de manera a que esta ayuda de frontera no termine siendo un gran agujero de recaudación para el fisco. Dijo que rechazan la propuesta de la Cámara de Comercio de CDE de que cualquier producto que ingrese al país sea beneficiario por el régimen, y aplicar un impuesto de solo el 4%, lo que generará una gran distorsión del régimen en general y un gran impacto en el contrabando interno.