Así informó ayer el arquitecto José Kronawetter, titular de la dirección de Obras de la cartera. Además señaló que los trabajos recién se iniciaron, por lo que todavía no es “urgente” una fiscalización externa. Sin embargo, en todas las demás obras de la institución se priorizan las contrataciones de fiscalización para un mejor control de los trabajos.
“Se tienen fiscalizadores en planta, en total son cinco los funcionarios que fueron designados para estos controles, que son arquitectos e ingenieros. Después tendremos la fiscalización tercerizada, porque ahora solo se realizan movimientos de suelos y hay poca cosa aún de hormigón. Cuando los trabajos se intensifiquen ya vamos a tener la fiscalización adjudicada”, resaltó.
Empero, admitió que la definición de la licitación de la fiscalización se vino posponiendo por la cantidad de consultas que surgieron por parte de las firmas interesadas. Asimismo, adelantó que lo más probable es que la apertura de los sobres nuevamente no se realice este 17 de enero, justamente para responder a todas las dudas de las consultoras.
Asimismo, indicó que otra de las razones del retraso es que, inicialmente, se iba a descartar dicha contratación. “En el convenio firmado entre el MOPC y el Ministerio de Justicia se estableció que la fiscalización sea conjunta, pero el Ministerio de Justicia tiene muy pocos profesionales, por lo que finalmente se optó por contratar la fiscalización tercerizada y que nuestros funcionarios sean los supervisores de las obras”, resaltó.
Lo concreto es que hasta ahora el MOPC no adjudicó la licitación para fiscalizar los trabajos, cuyo costo estimado es de G. 12.000 millones y las tareas avanzan sin un estricto control, de acuerdo con especialistas del sector de la construcción.
En cuanto a las obras a encararse en Emboscada, el lote 1 fue adjudicado a la firma Aponte Latorre por G. 62.324 millones y el lote 2 al Consorcio Cordillera, integrado por Edivi SA y Constructora Heisecke, por G. 62.299 millones. Ambas empresas ya están ejecutando las obras desde setiembre del año pasado, con orden de inicio en agosto.
Asimismo, el lote 3, para la construcción de la cárcel de Minga Guazú, fue otorgado al Consorcio Seguro, integrado por Engineering SA, Puntal de Luis Bóveda y Vial Sur, por G. 66.342 millones. Este lote también avanza sin ningún control.
