“Ellos están registrados como clínica y como servicios hospitalarios de ambulancia. (...) Resulta ser que también estaban ofreciendo otro tipo de servicios, asistencia médica domiciliaria, enfermería, medicina laboral y todo eso no está registrado, no están habilitados”, explicó a ÚH el superintendente de Salud, Roberto Melgarejo.
El abogado Pablo Faccioli, quien defiende al médico Víctor Buzarquis, aseguró que “es una mentira” que la clínica ofrezca servicios domiciliarios.
“Nosotros negamos categóricamente que hagamos consultas en la casa”, aseveró Faccioli. “La única publicidad por Whatsapp que hacemos nosotros es Medicasa. Vamos en la ambulancia, le retiramos de la casa al paciente y le llevamos al sanatorio. Pero bueno, ellos interpretan que es una asistencia y nosotros nunca hemos ofrecido algo así”.
La policlínica, de acuerdo con Melgarejo, solo podrá operar de vuelta cuando regularice sus documentaciones. “También tienen que ponerse al día con el pago de su registro“, señaló.
Según consta en varios documentos facilitados por el abogado, Pablo Faccioli, la policlínica fue inscripta en el Registro Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud como “Centro asistencial de salud” y “Establecimiento sin internación” durante el año 2022. El documento, sellado por la Superintendencia de Salud, está firmado por Christian Coronel, director de Control de Instituciones, y el doctor Ignacio Mendoza Unzaín, en aquel entonces superintendente de Salud.
Represalia. El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis calificó como una represalia la clausura del establecimiento de su primo. “Me llama la atención que casualmente se dan cuenta de esta supuesta situación después de que él fuera a manifestarse frente a la Municipalidad.”, comentó el legislador. “¿Por qué no intervinieron antes si había una irregularidad muy grave? Para mí es una represalia contra él porque se fue a manifestarse, esa es la verdad”.
Denuncia. La Policía Municipal Fiscalizadora se presentó en la clínica de Buzarquis durante la mañana del lunes. Su director, el abogado Maximiliano Ayala, aseguró que fue “a raíz de un reclamo ciudadano que hicieron los vecinos de la zona”. Mencionó que la clínica “no cuenta con licencia comercial, no tiene planos aprobados y tampoco sistema de prevención contra incendios”.
