La medida, aprobada el viernes por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, reconoce el derecho a solicitar la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que la perdieron o tuvieron que renunciar a ella por su exilio desde el inicio de la guerra civil (1936-1939) hasta diciembre de 1955.
Argentina es el país donde mayor número de personas podría beneficiarse de este derecho, seguido de Cuba, Venezuela y México. EFE | Ampliar imagen
Argentina es el país donde mayor número de personas podría beneficiarse de este derecho, seguido de Cuba, Venezuela y México.
En Buenos Aires, donde reside el grueso de los descendientes de españoles del país, cientos de personas acudieron al consulado español, en el barrio residencial de Recoleta, para iniciar los trámites o recabar información en la primera jornada hábil tras la aprobación de la normativa.
Solo en las dos primeras horas de actividad fueron atendidas unas 650 personas, apuntaron a Efe funcionarios del consulado, una cifra significativa teniendo en cuenta que Argentina está en estos días prácticamente paralizada por las vacaciones del verano austral y las fiestas navideñas.
De todas formas, fuentes oficiales precisaron que no solo se acercaron interesados en la llamada “ley de nietos”, sino que también acudieron personas para realizar todo tipo de trámites consulares.
Adela Carrera se presentó a primera hora en el consulado para tener información de primera mano sobre sus posibilidades de conseguir la nacionalidad como hija de españoles.
“Mi padre vino en 1920, no se si entra en los requisitos, pero vino por necesidad económica y eso debería tenerse en cuenta”, apuntó Adela, que se enteró de la aprobación de la ley por familiares que residen en España.
Tampoco Graciela Vicente, hija de un español que emigró a Argentina en 1913, conocía en detalle los términos de la normativa.
“No pierdo la esperanza porque espero que la ley no sea tramposa, que no sea una medida política”, señaló Graciela, confiada en que la nueva medida pueda facilitar que sus hijos emigren a España en el futuro.
Para Ramón Rodríguez, conseguir la nacionalidad española es una cuestión de “tradición” y no de oportunidades económicas.
“Todos somos gallegos (como se denomina genéricamente a los españoles en Argentina) y debemos mantener la tradición. Yo tengo el pasaporte español y no voy a irme a vivir a España, pero quiero conseguir la ciudadanía para mi hija para que no se pierda la tradición”, aseguró.
La ley aprobada por el Gobierno español “es buena”, pero es necesario “que no sea discriminatoria para que no seamos considerados ciudadanos de segunda”, dijo Rodríguez.
“Luchamos para que todos seamos parejos, los descendientes de exiliados por la dictadura y los que no, porque todos salieron buscando una oportunidad”, añadió.
Analía Marino llegó al consulado en busca de esa oportunidad tras intentar conseguir la ciudadanía española durante ocho años.
“Nosotros acogimos a todos aquí, a españoles, italianos, griegos, y un reconocimiento no estaría mal”, opinó Analía, que, si consigue los papeles, planea instalarse en España.
“Mi abuelo era de Cáceres y emigró durante la dictadura, si ahora me dan la oportunidad de tener la nacionalidad, será lo mejor que me ha pasado”, aseguró Analía, que vivió durante unos años en España y tuvo que regresar a Buenos Aires porque no logró tramitar su residencia.
Fuentes oficiales consultadas por Efe indicaron que el consulado de España en Buenos Aires tiene autorizada la contratación de un máximo de 25 personas para atender la demanda generada por esta ley.
Para evitar las aglomeraciones en las puertas del consulado, los portavoces recomendaron que los interesados reserven turnos por Internet, de los cuales se entregan cada día unos 250, el doble de los que se otorgaban hasta ahora para atender todo tipo de trámites.
La normativa, de la que podrían beneficiarse alrededor de medio millón de descendientes de españoles -en su mayoría residentes en América Latina y Francia-, establece un plazo de dos años para presentar las solicitudes, aunque no se descarta una prórroga por un año más, tal como fija la Ley de la Memoria Histórica, que entró en vigor hace un año.
