Una delegación de funcionarios encargados de derechos humanos de seis reparticiones del Gobierno informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca del estado de cumplimiento de la medida cautelar sobre el caso de la niña Mainumby y sobre el Acuerdo de Solución Amistosa firmado en el caso del menor Pedro Antonio Centurión.
La comparecencia tuvo lugar en el 169° Periodo de Sesiones de la CIDH.
El caso Mainumby tiene que ver con la niña de diez años que en 2015 dio a luz a una bebé, tras haber sido abusada reiteradas veces por su padrastro. El Estado paraguayo se había comprometido ante la CIDH a responsabilizarse de la salud y educación de la nena.
El otro caso tiene que ver con un chico, quien al momento de los hechos tenía 13 años, y habría sido reclutado forzosamente para cumplir con el servicio militar obligatorio (2005), y a los nueve meses habría muerto en “extrañas circunstancias” en el interior del Destacamento Militar de Caballería Vista Alegre. La denuncia ante la CIDH fue presentada por la Asociación de Familiares Víctimas del Servicio Militar.
En este caso, Paraguay firmó un acuerdo de solución amistosa que le impuso varias obligaciones.
Durante el gobierno del presidente Fernando Lugo, el Estado paraguayo admitió su responsabilidad en el fallecimiento de dos conscriptos: Vicente Ariel Noguera y Pedro Antonio Centurión, y aceptó llegar a una solución amistosa con familiares. En nombre del Estado paraguayo, Lugo había pedido disculpas a los familiares y amigos de estos soldados que eran menores de 18 años. El Estado se había comprometido además a un resarcimiento económico a las familias de ambos conscriptos. La delegación nacional está liderada por Marcelo Scappini, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, e integrada por representantes de la Fiscalía, la Defensa Pública y el Ministerio de la Niñez, entre otras instituciones. La CIDH sesiona en Boulder, Colorado, Estados Unidos.
