Se hace referencia a la expulsión de Kattya González del Senado “por supuesto uso indebido de influencias en un proceso cuestionado como inconstitucional y señalado como parte de un patrón de violencia política de género”.
También, la promulgación de la “Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas para organizaciones sin fines de lucro que, según la sociedad civil, debilita el espacio físico, amenaza la autonomía a las organizaciones de derechos humanos y afecta particularmente a organizaciones feministas y LGTBI, restringiendo la libertad de asociación”.
Otro punto que se cita es que el “Congreso instaló una Comisión Bicameral para investigar posibles vínculos entre el financiamiento político y organizaciones de derechos humanos, con especial atención en aquellas que reciben financiamiento internacional”.
“Esto ha generado preocupaciones por posibles filtraciones de información, así como actos de persecución y desprestigio”, se indica.
Además, que “la sociedad civil advirtió que estas acciones, sumadas a la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas, están contribuyendo a un entorno adverso para la defensa de los derechos humanos, el ejercicio del periodismo y la oposición política, afectando gravemente la libertad de asociación y expresión”.
En cuanto al sistema penitenciario, se registró una elevada tasa de hacinamiento del 391% según los estándares de derechos humanos, atribuida al uso excesivo de la prisión preventiva, que afecta al 57% de la población carcelaria, posicionando al país como tercero en la región con mayor porcentaje, por esa medida.
