En su Informe Anual de 2025, la CIDH indicó que en Paraguay “persisten desafíos en temas de corrupción, impunidad, independencia judicial y espacio cívico”.
El organismo alertó, citando “diversos informes”, sobre “la presencia e influencia” de grupos criminales como el brasileño Primer Comando da Capital (PCC) o el local Clan Rotela, “con impactos –según el texto– sobre la seguridad pública, la corrupción y el control penitenciario”.
También añade que investigaciones periodísticas “describen la infiltración de redes de narcotráfico en la Fiscalía y en el ámbito político”, algo que, apunta el informe, “ha interferido en investigaciones y favorecido la impunidad”.
Otros desafíos
La Comisión, con sede en Washington, mostró su preocupación por la “elevada tasa de hacinamiento” del sistema penitenciario paraguayo, al detallar que para el 31 de julio del año pasado alcanzaba el 88%, un hecho que se relaciona “con el uso excesivo de la prisión preventiva” o sin condena en firme, que –advirtió– rondaba entonces el 63% de la población carcelaria.
En cuanto a los pueblos indígenas, la CIDH señaló como desafío del Estado la protección de tierras ancestrales, los desalojos a comunidades, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de “extinción cultural” de nativos ayoreos en aislamiento voluntario al denunciar la deforestación en la región del Chaco (oeste).
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Además, se refirió a la entrada en vigor, en 2025, de una ley que busca controlar la financiación y las actividades de oenegés nacionales y extranjeras, que, explica el reporte, fue denunciada por estas organizaciones ante “el riesgo de persecución a entidades consideradas críticas al Gobierno”.
Avances destacados
Por otra parte, la CIDH destacó como avances la continuidad de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y de un sistema digital del Estado paraguayo para dar seguimiento a las recomendaciones internacionales de derechos humanos, denominado Simore Plus.
Además, subrayó la implementación de campañas para prevenir la violencia de género y promover el empoderamiento económico de las mujeres rurales, así como de un proyecto de ley para prohibir, sin excepciones, el matrimonio de menores de 18 años.
No obstante, señaló que “persiste” la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, con 28 feminicidios en 2025, 41 tentativas de ese delito y 28.421 casos de violencia familiar, y llamó la atención sobre los 873 casos de abuso sexual contra niños y adolescentes denunciados entre enero y mayo del año pasado.
Otro progreso de 2025, puntualiza el documento, es que la Defensoría del Pueblo de Paraguay recuperó luego de 11 años la acreditación A ante la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri, por sus siglas en inglés), que implica que cumple con estándares de independencia y funcionamiento previstos en los Principios de París para las instituciones nacionales de derechos humanos.
Fuente: EFE.
