Según una breve nota publicada por el oficial Diario del Pueblo, Lai fue ejecutado hoy “con arreglo a los procedimientos legales y con la aprobación del Tribunal Popular Supremo de China”.
El pasado día 5, un tribunal de la ciudad china de Tianjin (noreste) condenó a Lai a muerte por cargos de corrupción y bigamia.
Según las investigaciones, el antiguo banquero -que fue expulsado del Partido Comunista de China (PCCh) en 2018- aceptó sobornos por más de 1.788 millones de yuanes (277 millones de dólares, 225 millones de euros) entre 2008 y 2018, período en el que también había sido uno de los principales dirigentes de la Comisión Reguladora de la Banca de China (CBRC).
Según la sentencia publicada por ese tribunal, Lai solicitaba explícitamente los sobornos a cambio de ascensos o adjudicaciones de proyectos, algo que “puso en peligro la seguridad y estabilidad de las finanzas nacionales y tuvo un impacto social extremadamente negativo”.
Las condenas a muerte son cada vez menos en este tipo de casos de corrupción en China, y habitualmente vienen acompañadas de la denominada “prórroga de dos años”, que supone que no se ejecuta al condenado a menos que reincida en sus delitos en los dos años siguientes a la sentencia y habitualmente se reduce a cadena perpetua.
Sin embargo, en el caso de Lai jugó en su contra su condición de alto cargo de varios organismos públicos y la “extrema gravedad”, según el tribunal, de sus delitos.
El ejecutado, detenido en 2018 y a quien el tribunal calificó de “anárquico y extremadamente avaricioso”, también fue declarado culpable de participar en el desfalco de otros 25 millones de yuanes (3,9 millones de dólares, 3,2 millones de euros) de las cuentas de la sociedad estatal de gestión de activos financieros que presidía.
Entre sus pertenencias figuraba un alto número de inmuebles, relojes de lujo, automóviles, oro y colecciones de arte.
Por el momento, y pese a que la Justicia ha ordenado la confiscación de todos sus activos, se siguen sin recuperar 104 millones de yuanes (16,1 millones de dólares, 13,1 millones de euros) obtenidos ilegalmente por Lai.
Huarong es uno de los cuatro ‘bancos malos’ del país asiático, fundado en 1999 tras la crisis financiera asiática con el objetivo de purgar las insolvencias en el sistema bancario chino, aunque con la llegada de Lai comenzó a invertir en activos de alto riesgo, según un documental emitido a principios del año pasado por la televisión estatal CCTV.
En ese programa, Lai confesó que prefería los pagos en metálico y que conducía con el maletero lleno de dinero hasta un apartamento al que denominaba “el supermercado”, en el que las autoridades encontraron más de 200 millones de yuanes (30,9 millones de dólares, 25,2 millones de euros) en efectivo.
Las confesiones televisadas son cada vez más habituales en China en casos de alto perfil, y la campaña anticorrupción es uno de los programas estrellas del presidente, Xi Jinping.
En 2019, China figuró en el puesto 80 en el índice de percepción de la corrupción que elabora anualmente Transparencia Internacional, situándose al nivel de países como India, Marruecos o Ghana, aunque mejorando desde el puesto 87 del año anterior.
