Los chilenos decidirán en un plebiscito en el mes de abril de 2020 si quieren una nueva Constitución nacida en democracia que sustituya a la actual, aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Esta Constitución concedió al Estado un rol subsidiario en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización, y se convirtió en el centro de las protestas sociales que vive el país desde el pasado 18 de octubre y que dejó al menos 22 fallecidos.
Con el acuerdo alcanzado, el Gobierno y la clase política esperan poder apaciguar la agitación social, que junto a masivas manifestaciones está generando fuertes disturbios, vandalismo y múltiples incendios y saqueos.
Además, sobre las fuerzas de seguridad recaen cientos de denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos y la economía corre el peligro de entrar en recesión en 2020 ante la disminución de la actividad y los daños que ha sufrido el comercio.
Nota relacionada: Protestas continúan en Chile y decretan una alerta sanitaria.
“Este acuerdo es un primer paso, pero un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social. Estamos seguros de que nos permitirá reencontrarnos y construir un mejor país, un país más justo, más inclusivo y, lo más importante, un país más unido”, dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
Convención constitucional o convención mixta
En el plebiscito de entrada, además de elegir si quieren o no una nueva Constitución, los ciudadanos deberán pronunciarse sobre qué tipo de órgano debiera redactarla, una “convención mixta constitucional”, compuesta del cincuenta por ciento por parlamentarios y por ciudadanos electos para la ocasión; o una “convención constitucional”, en la que todos sus integrantes serían electos para este efecto.
El nuevo texto será redactado desde una “hoja en blanco”, sin tener como base la actual Constitución, como defendía parte del oficialismo para los casos en los que no se alcance el cuórum de dos tercios que se estableció para aprobar todas aquellas normas y reglamentos que se quieran introducir.
La elección de los miembros del órgano constituyente se realizará en octubre de 2020 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal.
Este órgano tendrá un plazo de nueve meses para redactar la nueva Constitución, prorrogable una sola vez por tres meses más.
Una vez redactada la nueva Carta Magna, esta será sometida a su ratificación en otro plebiscito mediante sufragio universal obligatorio.
“Queremos ponernos a la vanguardia de un verdadero contrato social con una Constitución cien por cien democrática”, dijo el presidente del Senado, Jaime Quintana, al anunciar a los medios de comunicación el acuerdo, bautizado “Por la paz social y la nueva Constitución”.
El pacto fue comunicado a las 2.24 hora local (5.24 GMT) y se logró tras dos largas jornadas de conversaciones entre las fuerzas políticas oficialistas y las opositoras, a excepción del Partido Comunista y del Federación Regionalista Verde Social, que no quisieron participar.
El camino hacia el acuerdo
El Gobierno que preside Sebastián Piñera fue abriéndose poco a poco a la posibilidad de iniciar un proceso constituyente, hasta que el pasado domingo el ministro Blumel anunció la disposición del Ejecutivo a elaborar una nueva Carta Magna, que sería redactada por el Congreso y ratificada mediante un plebiscito.
El pacto por la nueva Ley Fundamental llegó también precedido del llamado a la unidad por la paz, por la justicia social y por la nueva Constitución que hizo Piñera el martes tras una jornada de masivas movilizaciones sociales en la que se produjeron algunos actos de extrema violencia.
Nota relacionada: Constituyente gana fuerza para superar crisis en Chile.
La propuesta gubernamental de redactar una nueva Constitución en el Congreso chocaba con la opción preferida por la oposición y una parte de los ciudadanos, la asamblea constituyente, pero a lo largo de esta semana las partes fueron acercando sus posiciones hasta llegar a este acuerdo.
Finalmente, no se incluye la denominación de “asamblea constituyente”, pero sí una opción de su misma naturaleza, en la que la Ley Fundamental es redactada por ciudadanos electos.
Los plebiscitos de entrada legitiman el proceso
La académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, María Cristina Escudero, dijo a Efe que “los plebiscitos de entrada en los que los ciudadanos eligen si quieren una nueva constitución y cuál es el camino para redactarla revisten de legitimidad estos procesos”.
“Es un acuerdo histórico. Hacía mucho tiempo que el pueblo reclamaba un proceso constituyente, pero no había consensos en torno al mecanismo”, comentó Escudero.
“No es la solución final, pero sí es el camino”, agregó.
