La ex senadora colorada Norma Aquino (alias Yamy Nal) y el senador suspendido Javier Vera (alias Chaqueñito), ambos cartistas, enfrentan la posible comisión de hechos punibles contra la administración pública, según el fiscal anticorrupción Luis Piñánez, quien tiene a su cargo la investigación de los audios filtrados de ambos los que revelan supuestos negociados en el Congreso.
El agente del Ministerio Público estuvo como invitado en el programa El Péndulo y manifestó que dentro de estos presuntos hechos punibles que se están investigando se encuentran el tráfico de influencias, soborno, enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo, que tienen penas entre 3, 5 y hasta 10 años de pena privativa de libertad.
El fiscal habló de tres audios que están siendo investigados actualmente. De hecho, el lunes pasado, el Ministerio Público abrió una causa penal, y al día siguiente, Yamy Nal perdió su investidura y Chaqueñito fue suspendido por 60 días.
“Acá lo que se está investigando es la información que, presumiblemente, atribuiría a dos miembros, en ese entonces miembros del Senado. En ese contenido, esa información, tenemos que considerar que ahí se habla de tres audios, no sabemos los efectos, si fue una reunión abierta, si fue vía telefónica, pero lo que nosotros estamos analizando es el contenido de esa información, que fue esa la motivación por la cual la Fiscalía General tomó la decisión de abrir de oficio la investigación para analizar si hay o no relevancia penal, como dije, en el contenido de esas comunicaciones”, sostuvo.
Mencionó que “al abrirse una investigación a través de una notitia criminis, llámale una resolución que hace un relato de hechos o en otros casos una denuncia, necesariamente nosotros tenemos un plazo legal de hasta seis horas en el cual nosotros tenemos que comunicar inicio de investigación, o sea que, en base a esa porción de hechos, digámosle, nosotros provisoriamente comunicamos la presunta existencia de hechos punibles y el contenido. Lo que se alcanza a escuchar en esas comunicaciones podría ser la comisión de hechos punibles contra la Administración Pública, teniendo en cuenta de que las conversaciones más atañen a casos vinculados al manejo público”, indicó.
Al citar los tipos penales al que se enfrentarían la ex senadora y el legislador suspendido, dijo que estos tienen penas de hasta 10 años de cárcel.
“En ese capítulo hablamos de varios hechos punibles, podríamos hablar de la presunta comisión de hechos punibles o hechos pasivos, de sobornos, de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, que son hechos punibles que desde el inicio de la investigación nosotros debemos abocarnos a investigar eso. Obviamente, en el transcurso de la investigación, esto puede cambiar, puede ampliarse, puede limitarse, puede determinarse de que surjan otros hechos que ameriten la investigación de otros hechos punibles o la participación de otras personas”, manifestó.
“El cohecho pasivo tiene una expectativa de pena de hasta 3 años, y en la forma agravada, es hasta 5 años. El enriquecimiento ilícito tiene una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 10 años, el tráfico de influencias hasta 5 años, va entre 3, 5 y 10 años. El soborno tiene la misma expectativa de pena del cohecho pasivo, si estamos hablando de un cohecho pasivo, ambos son de 3 años. Si vamos a la conducta agravada, tiene una expectativa de pena de hasta 5 años”, añadió.
Piñánez dijo que incluso si se determina que otros funcionarios públicos colaboraron podrían también ser sancionados
Provisoriamente comunicamos la presunta existencia de hechos punibles contra la administración pública.
De confirmarse esas manifestaciones en el audio, la responsabilidad puede ampliarse a más personas. Luis Piñánez, fiscal anticorrupción.
Tipos penales a los que se enfrentan
Cohecho pasivo. Es un delito cometido por un funcionario público que solicita, acepta o recibe un beneficio. El cohecho pasivo tiene una expectativa de pena de hasta 3 años. En la forma agravada es hasta 5 años.
Enriquecimiento ilícito. Es el incremento injustificado del patrimonio de un servidor público o persona en servicio público que no puede justificar el origen de su fortuna. El enriquecimiento ilícito tiene una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 10 años.
Tráfico de influencias. Es un delito de corrupción en el que una persona utiliza su poder real o simulado para interceder ante un funcionario público y conseguir que este tome una decisión que genere un beneficio para sí misma. Tiene una expectativa de pena entre 3, 5 y 10 años de cárcel.
Soborno, Es el acto de ofrecer, solicitar o aceptar un beneficio indebido, como dinero o regalos, para influir en una persona en una posición de autoridad. Tiene una expectativa de pena igual al cohecho.
