La Contraloría General de la República (CGR) comunicó el inicio de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el pasado 24.
El tema o aspecto que será objeto de revisión será la licitación 01/25 “Banda Ancha Móvil”.
Según fuentes de la Contraloría, esta FEI debe estar terminada en un plazo máximo de 45 días. Al término de la misma, la Contraloría deberá emitir una conclusión que podría ser la solicitud de una rescisión del contrato si se mantienen las irregularidades inicialmente detectadas en el primer informe.
“La coordinación, seguimiento y cumplimiento de los trabajos estarán a cargo de los Titulares de la Dirección General de Control de la Administración Descentralizada y la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación”, refiere el documento.
“Asimismo, se comunica que los Equipos de Trabajos realizarán entrevistas, solicitudes y verificaciones in situ, tanto en la sede central de la institución, como en áreas de influencia de los programas y proyectos ejecutados en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución arriba mencionada, y que la solicitud de provisión de documentos e informes se canalizará a través de las Supervisoras y/o Jefas de Equipo, sin perjuicio de que el Equipo de Trabajo redacte Actas CGR para la obtención de determinados documentos e informes, que por su naturaleza puedan ser entregados sin más trámite para su análisis”, se especifica.
Antecedentes. La Contraloría presentó su informe de análisis documental sobre la licitación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) denominada “Licitación 1/25 Banda Ancha Móvil para el otorgamiento de licencia para la prestación de los servicios de telefonía móvil celular y de acceso a internet y de transmisión de datos de la banda de frecuencias 3.500 MHz”.
Una de las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) es que los oferentes interesados en la provisión del servicio 5G en el país tengan 100.000 abonados como mínimo.
La empresa argentina Nubicom presentó unas declaraciones juradas que supuestamente demostraban que cumplían con este requisito. Para la Contraloría, este documento no es prueba suficiente para demostrar que tiene o no esa cantidad de abonados.
La respuesta de la Contraloría ante esta situación fue la siguiente: “Sobre la experiencia requerida establecida en el PBC se basa solamente en la declaración jurada de la empresa Nubicom S.R.L. para la obtención de Licencia. La declaración jurada acerca de la cantidad de usuarios necesarios para la obtención de la licencia es un requisito necesario, pero quizás no sea suficiente para acreditar la capacidad necesaria para implementar el servicio. A pesar de los esfuerzos por conocer la verdad, finalmente primó la declaración jurada como elemento de cumplimiento del requisito establecido en el pliego”, indica el informe.
De acuerdo a fuentes de la Contraloría, este organismo no puede ordenar la rescisión de ningún contrato, solo lo puede hacer la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas).
Esto debido a que la CGR no es vinculante a la convocante por lo que no puede ordenar la rescisión de un contrato a pesar de las irregularidades.
Senador califica de “cantinfleada” el polémico informe
Rafael Filizzola, senador opositor (Partido Democrático Progresista PDP), a través de su cuenta de X (@FilizzolaRafael) cuestionó el informe de la Contraloría sobre la licitación del 5G donde piden más documentos a Conatel para corroborar que el oferente Nubicom cumpla efectivamente con todas las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).
“Cuando no. El contralor cantinfleando. Dice que quienes cuestionamos la licitación 5G, en la que resultó adjudicada Nubicom, ‘no saben que no tiene 100.000 clientes; lo que no saben es si tiene’”, cuestionó el opositor.
En el informe, la Contraloría exige más documentaciones, pero avala la continuidad de la ejecución del contrato.
“Sin embargo, los antecedentes públicos en Salta indican lo contrario. Es la empresa la que debe acreditar que cumple los mismos, ¿o tenemos que recurrir a un adivino para que nos cuente?”, criticó.
Otro de los puntos cuestionados al proveedor argentino es su capacidad financiera. Al respecto Filizzola refirió que el contralor (Camilo Benítez) también respalda la flexibilización de los requisitos.
“Acá lo que corresponde es recomendar la cancelación de la licitación y exigir mayor rigurosidad en la evaluación. Está en juego el derecho a la conectividad y el interés de todos los paraguayos y paraguayas”, instó.
Finalmente calificó al informe de “un circo más”.
“En síntesis, un circo más para intentar blanquear este nuevo golpe a los intereses del país. La adjudicación debe ser definitivamente anulada”, recomendó. En el informe, la Contraloría encontró varias irregularidades. No obstante, solo pidió a la Conatel que exija documentaciones al oferente argentino.
