La Contraloría General de la República (CGR) estudia remitir al Ministerio Público las observaciones que realizó a la Defensoría del Pueblo sobre la utilización de combustibles.
La CGR realizó una auditoría financiera a la Defensoría del Pueblo, que comprendió el examen de su balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2021.
El abogado Arnaldo Zárate, director general de Control de la Administración Central de la Contraloría, informó que varias observaciones asentadas en el informe de la auditoría que se practicó a la Defensoría serán objeto de “un acta de mesa de trabajo con la Dirección de Auditoría Forense para su profundización”.
Esta oficina determina, en base a los hallazgos realizados, si existen indicios suficientes de hechos punibles para su remisión al Ministerio Publico.
Conforme a dictamen jurídico N° 281/22, serán objeto de análisis las observaciones 27, 28, 29 y 31, que hacen referencia al uso de combustibles.
La CGR observó la carga de combustible en vehículos no asignados en el listado de tarjetas habilitadas para la utilización del carburante. Así también, la carga de combustible en vehículos, en cuyos comprobantes no se consigna la marca del rodado ni el número de matrícula.
El ente de control objetó la deficiencia en el llenado de los documentos de rendición de cuentas de uso de combustible. Asimismo, la falta de detalle de los vehículos particulares autorizados para la carga.
Entre otras cuestiones, el ente contralor cuestiona que la Defensoría del Pueblo no registró correctamente el convenio que firmó con Petropar, en concepto de combustibles, por valor de G. 184 millones.
La Contraloría afirma en su informe que el defensor envió su descargo por las observaciones remitidas, pero que no obstante, “no fueron suficientes ni justificadas”.
Un equipo periodístico de ÚH consiguió evidenciar con fotografías y videos que el defensor Miguel Godoy se moviliza en un vehículo institucional, sin logotipo y con el número de Rasp (Registro del Automotor del Sector Público) asignado oculto.
La camioneta de la marca Nissan Frontier, con chapa N° HFE640, fue observada durante distintos días laborales, tanto al costado de la Defensoría como también frente al domicilio de Godoy, ubicado en el Barrio San Pablo de Asunción.
El rodado tampoco contaba con número de móvil ni la leyenda: Uso oficial exclusivo.
Se pudo observar que la camioneta utilizada por el defensor, efectivamente, cuenta en ambos lados con el número de Rasp asignado. Sin embargo, esa información era tapada con una especie de adhesivo.
Justamente, este vehículo utilizado por Godoy como propio, tiene asignado una tarjeta de Petropar para la carga de combustible.
Miguel Godoy percibe como defensor del Pueblo una remuneración mensual de G. 25.258.909, de acuerdo con la planilla de funcionarios de la institución al mes de julio. Su mandato va hasta el año 2026.
Godoy, quien está en la cuerda floja, antes que intentar aclarar las irregularidades en la institución a su cargo, que saltan en el informe de la propia CGR, habla de una persecución a su persona.
