César Ruiz Díaz, titular del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), criticó este jueves el proyecto de reforma del transporte público, que está actualmente en debate en la Cámara de Diputados, al advertir que no contempla un aumento presupuestario ni fortalecimiento en recursos humanos, lo que lo haría inviable.
Durante una visita a Raúl Latorre, presidente de la Cámara Baja, Ruiz Díaz enfatizó la necesidad de diálogo con todos los sectores para generar una ley aplicable.
Principales críticas al presupuesto 2026
El titular del Cetrapam señaló varios puntos en relación con el plan de reforma, entre los que podemos citar:
- Ausencia de incremento presupuestario. El Presupuesto General de Gastos de la Nación para 2026 mantiene el mismo monto asignado al transporte público (USD 50 millones en subsidios), equivalente al 50% del costo anual del sistema (USD 100 millones en total, con el otro 50% cubierto por los pasajeros). “Si nos manejamos con la misma cantidad de dinero, ¿cómo pretenderemos mejorar en un 100%?”, cuestionó Ruiz Díaz.
- Reforma inviable sin inversión. Una transformación real requiere recursos para compra y reparación de buses, entre otros gastos. “La ley es un cúmulo de papeles fríos que no tienen sentimiento, pero tenemos que empujarla con estrategias viables”, afirmó.
- Falta de capacidad humana. El proyecto prevé refuerzo de personal en el Viceministerio de Transporte solo seis meses después de su aprobación, lo que Ruiz Díaz considera insuficiente. “No solo se necesita aumento presupuestario, sino capacidad en recursos humanos”, explicó.
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Ruiz Díaz rechazó el término “subsidio” como “extremadamente grosero”, al considerarlo dinero que pertenece a los transportistas, pero queda en arcas del Gobierno hasta que este paga por el servicio. “Es una decisión política del Ejecutivo, no empresarial: cubre parte del costo del pasaje para evitar que el usuario pague el 100%", expresó.
“No es un premio ni ganancia, forma parte del costo operativo, como aclaró el ministro de Economía en audiencia pública. El Gobierno decide si subsidia, cuánto y cuándo paga”, explicó.
El Cetrapam responsabiliza al Poder Ejecutivo por la crisis actual del transporte, ya que impone reglas como precio fijo del pasaje, rutas obligatorias, edad máxima de buses (hasta 20 años, circulando por calles en mal estado, “con cráteres”, según Ruiz Díaz, como las de Lambaré, Villa Elisa, San Lorenzo, Capiatá y Fernando de la Mora), y monto y pago de subsidios.
“El empresario opera bajo esas reglas de juego. Si están equivocadas, no es responsabilidad del empresario”, manifestó el empresario del transporte.
Ruiz Díaz mencionó que “el proyecto, enviado por el Ejecutivo, está en tratamiento en Diputados tras advertencias de huelga de choferes”.
Agregó que el Cetrapam no cuestiona la reforma, sino que propone mejoras en redacciones para viabilizarla: “No queremos una ley inaplicable; lo mejor es sentarnos en una mesa y discutir”.
Elogió el espacio de discusión en Diputados, inexistente en el Viceministerio de Transporte: “Aquí se conjugan intereses y se escucha a choferes, sociedad civil y operadores con experiencia”.
“El Gobierno busca beneficiar a 500.000 usuarios diarios, pero falta un equipo capacitado en el Viceministerio para una implementación ágil”, enfatizó.
Ruiz Díaz aclaró que los fideicomisos (mencionados para garantizar pagos vía obras públicas) son solo un instrumento financiero. El problema radica en su constitución, y si se basa en el mismo dinero insuficiente del sistema actual, no honrará compromisos. “El secreto está en el patrimonio autónomo; con el mismo monto, tendremos más de lo mismo”, auguró.
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