Por Adolfo Ferreiro
Si alguien quisiera debilitar la democracia buscaría que el Senado de la Nación hiciese lo que está haciendo. Al tiempo que la Administración central, las gobernaciones, los entes descentralizados y las binacionales bullen en iniciativas, hechos alentadores y definiciones políticas de trascendencia, la “cámara alta” está paralizada, en estado cataléptico, enredada en sí misma en un culebrón parecido a los de factura mexicana.
Los entusiastas del cambio en boga, así como los no tanto, coinciden en la necesidad de mantener y fortalecer el sistema institucional democrático, de manera que los radicales cambios que se anuncian transiten por la legalidad incuestionable o que sus excesos sean contenidos por el control y las garantías inherentes a la organización constitucional del Estado, tal cual están establecidas y diseñadas.
Ello significa que las instituciones -el Congreso y el Senado como parte del mismo- son esenciales al sistema y a su funcionamiento. El Senado está para legislar, controlar y ser el más alto foro político en lo que hace a la fijación del rumbo general del país, el Estado y la nación. Ello lo debe hacer “actuando” conforme las orientaciones, el sentido y los objetivos que determinan la Constitución y las leyes, así como la voluntad política del pueblo que se materializa institucionalmente en sus decisiones.
Para ello están los mecanismos parlamentarios, donde el debate y la votación de propuestas son sus recursos nobles. Las triquiñuelas basadas en el aprovechamiento circunstancial de las disposiciones reglamentarias, pueden servir a veces, como los incidentes en el proceso judicial, pero jamás como la norma para dirimir criterios o validar decisiones políticas y, menos aún, imponerlas. En otras palabras, el Senado, al igual que todos los órganos del Estado, está “para funcionar”, no para “funcionar no funcionando”, como parece que ahora entiende la mayoría de sus integrantes.
Es lesivo a la República el proceder en el Senado, paralizado por sistemática falta de quórum para tratar el insignificante tema de la incorporación de un senador electo y proclamado, en una venganza política que se disfraza de recalcitrante apego a la normativa constitucional, mediante la tergiversación de la interpretación del Art. 188 que han convertido de lo que es, una formalidad obligatoria para el electo, en una atribución jurisdiccional que no le corresponde al Senado.
Vergüenza causan las argumentaciones de precarios ilustrados en materia jurídica, constitucional y política, que se escucha de boca de senadores, despreciando el bagaje conceptual de la materia, llegando al punto de oírse prácticamente sediciosas. No puede ser que, a la hora de fundar sus posiciones, desprecien el conocimiento básico elemental, disponible en tantas ediciones de la enciclopedia OMEBA que decoran los despachos de muchos de ellos.
Las consecuencias inmediatas están a la vista: el nuevo periodo constitucional comenzó a funcionar con brío sin que funcione el Senado. ¡Dos senadores ejercen ministerios en el Gobierno sin el “permiso” con que el Senado debe precisar la suspensión en sus funciones y el reemplazo por los suplentes! ¡La terna para sustituir a un ministro de la Corte Suprema continúa encajonada contra todo criterio razonable del trámite que ordena la Constitución para mantener integrado el alto organismo! ¡La discusión política está rebajada a conversación de cafetín portuario!
De seguir la indolente irresponsabilidad del Senado, no tardará mucho en prosperar la idea de que “lo mismo se puede gobernar sin el Senado” y de ahí a que se deteriore y fracture irreversiblemente el orden constitucional, hay un breve trecho. Cuando los protagonistas de la vida institucional pierden grandeza y confunden la alta finalidad de sus funciones con las minucias del chiquitaje político, son las instituciones las que pagan el precio. Los senadores de la República deben considerar, seriamente, el riesgo de que estén cavando la fosa de la Democracia con su proceder mezquino y desatinado en este crucial momento.