EFE
La consulta secesionista convocada por el Gobierno autónoma catalán a primeros de septiembre, fue suspendida inmediatamente por el Tribunal Constitucional y los diferentes juzgados han ordenado medidas para que las fuerzas de seguridad precinten los colegios y se incauten de urnas y papeletas de votación.
Eso llevó a las autoridades catalanas, a primera hora de hoy, a modificar las normas que había dado con anterioridad, de modo que un votante puede hacerlo en cualquier colegio de la región y no en el que tenía asignado, con papeletas impresas en casa y sin sobre.
Nuevas normas que para el consejero catalán de Presidencia, Jordi Turull, configuran un proceso electoral “con garantías” legales, mientras fuentes del Gobierno español aseguraban que los secesionistas “han liquidado cualquier vestigio de respetabilidad democrática”.
“Sin censo, con papeletas de casa, sin sobres y en el colegio que a cada uno le de la gana. Es un bochorno democrático”, dijeron las fuentes.
En medio de una notable pasividad de la Policía regional catalana (Mossos d’Esquadra), que no desalojó colegios ocupados previamente por ciudadanos ni cerró otros abiertos, agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil españolas empezaron a desplegarse a primera hora por numerosos centros.
En algunos casos la intervención de policías españoles y guardias civiles generó momentos de tensión con los manifestantes independentistas y, en el centro de Barcelona, hubo cargas policiales contra personas que cortaban las calles y, en algún caso, lanzaron objetos contra los agentes.
Otro escenario de tensión fue la localidad de Sant Julià de Ramis, donde tenía previsto votar el presidente catalán, Carles Puigdemont y en cuyo colegio se presentaron varias decenas de agentes para requisar las urnas y el material para votar.
En ese proceso hubo forcejeos y empujones entre los agentes y un centenar de personas que querían impedir su entrada en el centro, pero sin que aquéllos cargaran.
Puigdemont decidió finalmente no acudir a su colegio electoral y fue a votar a otro de la provincia.
Las fuerzas de seguridad, que ayer bloquearon el centro informático catalán - cuya misión sería facilitar el eventual recuento - anularon hoy el nuevo sistema informático anunciado a primera hora de la mañana por el consejero Turull.
Eso motivo que muchos colegios paralizaran la votación ante la imposibilidad de seguir y en otros lugares se tomaran a mano los datos de los que acudían a votar.
Todo esto hace difícil saber cuántas personas están participando en la consulta ilegal, mientras el Ministerio del Interior apuntaba que, con esa falta de garantías, una misma persona podría votar varias veces en diferentes sitios.
Los secesionistas criticaron la actuación policial y las escenas de tensión vividas en varios puntos de la región, mientras que el delegado del Gobierno español en Cataluña, Enric Millo, afirmó que “nos hemos visto obligados a hacer lo que no queríamos hacer”.
Según Millo, el objetivo del operativo policial es cumplir con las resoluciones judiciales en el sentido de requisar todo el material destinado a la votación, como urnas y papeletas.
Una opinión muy diferente es la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha llamado “cobarde” al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, por “inundar de Policía” la capital catalana.
