Las organizaciones destacaron el crecimiento económico del país, el grado de inversión otorgado por dos calificadoras internacionales y el creciente interés de capitales extranjeros por instalarse en Paraguay. Sin embargo, señalaron que ese escenario solo podrá sostenerse si la previsibilidad y la confianza también se verifican en el funcionamiento de las instituciones.
En ese sentido, mencionaron la reciente sentencia del ex senador Hernán Rivas, al considerar que el caso expone “fallas de control en distintas instancias del Estado” que deben ser investigadas y esclarecidas.
“Más allá de la responsabilidad individual determinada en ese proceso, el caso obliga a preguntarnos cómo fue posible que una situación de esta naturaleza atravesara sucesivos controles y llegara hasta una posición de alta responsabilidad pública”, refirieron.
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El pronunciamiento señala que quienes ocupan cargos públicos, intervienen en procesos de designación o tienen la obligación de verificar antecedentes deben asumir las responsabilidades que correspondan cuando los mecanismos de control no funcionan.
“Cada instancia involucrada debe explicar qué ocurrió, identificar qué mecanismos no funcionaron y adoptar medidas concretas para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse”, sostuvieron.
Las organizaciones también advirtieron que el problema no se limita al caso Rivas. Citaron otros episodios vinculados con irregularidades en procesos judiciales y registros públicos, que –según señalaron– evidencian debilidades en los sistemas de registro, notificación y control.
Afirmaron que estas deficiencias pueden tener consecuencias directas sobre trabajadores, familias y empresas, incluyendo situaciones en las que se denunciaron embargos y actuaciones judiciales realizadas sin conocimiento efectivo de los afectados.
El comunicado pone especial énfasis en el impacto que tienen las fallas institucionales sobre la ciudadanía. “Cuando las instituciones fallan, el costo nunca es abstracto”, remarcaron, señalando que las consecuencias recaen sobre quienes cuentan con menos recursos para defender sus derechos.
Seguridad jurídica
Los gremios firmantes se refirieron además a la seguridad jurídica que tanto promocionan las autoridades a los inversionistas, especialmente el presidente de la República, Santiago Peña, quien ya realizó más de 70 viajes al exterior prometiendo como resultado abundancia de capital extranjero para realizar inversiones en el país.
“Lo que se promete afuera debe poder verificarse adentro”, enfatizaron al respecto.
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En concreto, las organizaciones exigen determinar las responsabilidades que correspondan y asegurar las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico cuando fallen los controles, incluyendo, cuando corresponda, responsabilidades políticas, administrativas y judiciales, así como fortalecer los mecanismos de verificación y control para el acceso a cargos de alta responsabilidad pública, así como garantizar la trazabilidad, integridad y confiabilidad de los registros públicos, especialmente los educativos, judiciales y patrimoniales.
También piden fortalecer la independencia, profesionalización y rendición de cuentas del sistema de justicia, de manera que la ley se aplique con los mismos estándares a cualquier ciudadano, independientemente de su posición o influencia.
“Paraguay tiene hoy una oportunidad genuina de consolidar su crecimiento y atraer más inversión. Pero esa oportunidad no se sostiene únicamente con cifras macroeconómicas o calificaciones internacionales. Se sostiene, sobre todo, con instituciones que inspiren confianza y garanticen previsibilidad tanto al inversor extranjero como al ciudadano”, insistieron.
Firman el comunicado la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Horizonte Positivo y Pacto Global Red Paraguay. De esta manera se suman al pronunciamiento similar que publicó la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana (AmCham Paraguay).
