Editorial

Caso gatillo fácil: ¿En manos de quién pone el Estado las armas?

Siete policías rociaron a balazos un automóvil y mataron a un joven de 26 años durante la búsqueda de delincuentes que poco antes habían asesinado a un uniformado en Ciudad del Este. La pareja y un niño pequeño se salvaron de milagro. Este caso de gatillo fácil se suma a otros previos, y el cuestionamiento es el mismo para las autoridades sobre el nivel de preparación de los uniformados y si el Estado sabe en manos de quién deposita las armas. Es inaceptable seguir exponiendo a la población a la violencia policial.

La Policía Nacional es, según la Constitución Nacional, la institución encargada de la seguridad interna; y tiene como misión preservar el orden público, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes. También debe ocuparse de la prevención de los delitos; y, bajo dirección judicial, investigar los delitos. Sin embargo, los repetidos casos de violencia policial, conocidos como gatillo fácil, nos obligan a cuestionarnos sobre los niveles de control que tienen las instituciones del Estado de la formación de quienes deben cuidar de la población.

La sociedad todavía está conmovida por el caso del joven Juan Daniel Ortigoza, asesinado erróneamente a tiros por la Policía Nacional. El joven se encontraba en una estación de servicios con su novia, y un niño de dos años, cuando en un vehículo particular llegaron agentes de policía y comenzaron a disparar. Estos estaban persiguiendo a los asesinos de un agente policial, sucedido en una despensa de Ciudad del Este, quien fue ultimado por cuatro delincuentes que huyeron en un automóvil de similares características al de Juan Daniel Ortigoza.

La hermana del joven asesinado relató que se encontraban en el auto “cuando de repente llegó un autito o camionetita negra y sin qué ni para qué empieza a balearle”. Explicó asimismo que debido al susto, su hermano salió del auto y quiso correr y ahí fue cuando lo mataron de dos disparos. Subrayó que su hermano no sabía si lo querían asaltar o se trataba de una equivocación, ya que había prestado el auto de su esposo para salir a cenar.

Lamentablemente, la lista de casos de violencia policial es extensa. La población guarda en su memoria algunos de ellos, como el de Richard Pereira, quien fue herido por agentes de la Comisaría Cuarta Metropolitana y quedó en silla de ruedas; y el de Anderson Medina, quien recibió un disparo al pasar por una barrera policial irregular en el año 2012, en el kilómetro 10 de la ruta José Gaspar Rodríguez de Francia. El disparo le dejó serias lesiones en la columna.

El comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, llegó a admitir que la actuación policial fue negligente en el caso de gatillo fácil en Ciudad del Este, y alegó que los uniformados involucrados no supieron controlar sus emociones. Ese es precisamente el punto central del cuestionamiento y el aspecto que más dudas y temores genera: se trata de la calidad del entrenamiento que reciben los efectivos. Ante estas trágicas situaciones, las autoridades deben tomar medidas urgentes para que la ciudadanía ya no esté expuesta a la violencia policial. La ciudadanía válidamente debe preguntarse si el Estado paraguayo tiene conocimiento realmente de las aptitudes y el equilibrio de quienes portan las armas. Estas prácticas de uso de la fuerza desmedida se dan con demasiada frecuencia, aunque los casos de ejecución son los más extremos, nos debe hacer pensar como sociedad exactamente dónde se originan estas actitudes que han llevado a los uniformados a querer hacer justicia por mano propia, cuando el Manual del Uso de la Fuerza de la Policía afirma que los agentes no pueden realizar tiros de advertencia ni disparos intimidatorios; así como también se deja bien aclarado que un uniformado no debe disparar cuando hay riesgo inminente para terceros, ni utilizar el arma de fuego como primera opción.

Además de exigir justicia para todos aquellos que han sido víctimas del gatillo fácil, se debe insistir en una cuestión que nunca puede ser dada por hecho y se debe insistir día a día: es inaceptable para el sistema democrático que las personas salgan a las calles sintiendo miedo de la policía, cuando lo que la institución debe generar es sensación de seguridad.

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