De acuerdo con el documento presentado, Toñánez pide que se aparten de la causa los representantes del Ministerio Público Osmar Legal, Federico Delfino y Alicia Sapriza, por solicitar su prisión preventiva, pese a que está en periodo de lactancia.
Los fiscales investigan un presunto esquema delictivo dedicado a la sobrefacturación de mascarillas que la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac) había adquirido en el marco de la lucha contra el Covid-19.
La mujer, quien cumple con la prisión domiciliaria, refiere que cuenta con una hija de tres meses de edad.
La Fiscalía había solicitado que sea retenida en una penitenciaría y tras la decisión del juez de que vaya a casa, apelaron la resolución.
“Ni siquiera la evidente aplicación de un derecho universal de tanta envergadura, como es el derecho del niño de recibir la lactancia, lo llevan a abandonar una postura contraria a derecho, abusiva y excesiva”, expuso.
Afirmó además que el Ministerio de la Mujer y de Justicia intervendrán.
El documento fue presentado a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y ahora ella debe decidir si los confirma o dispone que otros fiscales investiguen el caso.
EL CASO. En la misma causa, se investiga al ex presidente de la Dinac, Édgar Melgarejo, y a otras personas más, ya que los tapabocas pasaron por 6 empresas antes de ser comprados por la institución pública, inflando cada firma el precio.
Se investiga también si esas mascarillas son productos de una donación, y que luego se hizo figurar la compra, o son producto del contrabando.
Rechazan recusación de concejal Adaro Monzón
El recurso presentado por el edil de Caazapá Adaro Monzón contra el juez Humberto Otazú fue rechazado por el Tribunal de Apelación.
Monzón había recusado al magistrado, alegando “absoluta imparcialidad”, “avasallo de derechos humanos que precautelan la salud”, ya que el juez le confirmó su prisión preventiva, luego de un incidente de revisión de medidas cautelares.
Tanto el concejal colorado como otras tres personas están con prisión por supuestamente integrar un esquema criminal.
Todos ellos están procesados por violación a la Ley de Armas y estarían involucrados en el atentado a la Junta Departamental de Caazapá.
