28 mar. 2024

Casas de cambios plantean modificar norma de Seprelad

Cerrado. Cambios Chaco anunció días atrás el cierre de gran parte de sus dependencias.

Cerrado. Cambios Chaco anunció días atrás el cierre de gran parte de sus dependencias.

Para la semana entrante está prevista una nueva reunión entre los representantes de las casas de cambios y las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en la cual las empresas privadas presentarán las estadísticas sobre sus operaciones con la intención de modificar lo que establece la resolución antilavado 248.

Así lo explicó José Cantero, presidente de la banca matriz, en una conferencia de prensa concedida ayer. El titular del BCP aseguró que la mesa de diálogo instalada con las entidades que forman parte del sector de cambios minorista sigue abierta y que actualmente se encuentran “expectantes” de lo que puedan plantear las casas de cambio.

Con respecto al caso de Cambios Chaco, firma que esta semana dio a conocer la decisión de cerrar unas 20 dependencias, aseveró que este tipo de determinaciones son “autónomas” de las entidades privadas y que las mismas pueden deberse al apetito de riesgo o vincularse a la planificación del modelo de negocios de cada empresa.

Por otra parte, al ser consultado sobre posibles medidas a implementarse para ayudar a las casas de cambio, Cantero refirió que lo mejor que se puede hacer es esperar que la economía “se restablezca por sí sola” y que en la medida en que la actividad económica se vaya “abriendo e integrando al mundo”, la demanda en el sector minorista irá en aumento y elevará la cantidad de operaciones.

PROBLEMÁTICA. La normativa 248 de la Seprelad, que fue dada a conocer hacia finales del año pasado y que aplica para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo con la utilización de las casas de cambio, generó críticas por parte del sector afectado y entorpeció las operaciones dentro del mercado minorista, según denuncias de agentes económicos. El principal cuestionamiento guarda relación con los límites establecidos para la aplicación de los trámites de debida diligencia simplificados.

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