El senador cartista Derlis Maidana se manifestó en contra de una eventual suba del impuesto al tabaco y sostuvo que el Estado debe priorizar el uso eficiente de los recursos que ya recauda antes de establecer nuevas cargas tributarias.
Indicó que actualmente estos productos están gravados con una tasa del 22% del impuesto selectivo al consumo (ISC), además del IVA del 10% y del impuesto a la renta empresarial (IRE), también con una tasa del 10%. A esto se suma el impuesto a los dividendos y utilidades (IDU) cuando las empresas distribuyen sus ganancias.
Maidana señaló además que una parte importante de los recursos recaudados mediante el ISC ya está destinada por ley a la prevención y atención de enfermedades, al tratamiento integral de personas con cáncer y al Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress).
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“Considero que, antes de crear nuevas cargas o elevar las existentes, corresponde garantizar la correcta administración y utilización de los recursos que ya se recaudan”, sostuvo el legislador.
En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y los controles contra el contrabando y el comercio ilícito de productos de tabaco. A su criterio, la protección de la salud pública requiere un abordaje más amplio que el aumento de la presión tributaria.
“La protección de la salud pública exige políticas integrales, no simplemente la creación o el aumento de impuestos”, afirmó. De esta forma, Maidana adelantó que no acompañará una eventual propuesta para incrementar el impuesto al tabaco.
Cabe señalar que en medio de la huelga de médicos que apunta a mejores condiciones de trabajo e insumos para los hospitales, surgieron dos propuestas para aumentar el impuesto al tabaco y destinar los recursos al sistema de salud.
El miércoles, la senadora Blanca Ovelar planteó que el impuesto sea equivalente al 2% del jornal mínimo vigente, lo que, según el cálculo actual, representan G. 2.000 adicionales por cada cajetilla de cigarrillos.
A la par, el diputado Adrián Billy Vaesken impulsa una iniciativa que propone incrementar un 10% el impuesto selectivo al consumo (ISC) aplicado a los productos derivados del tabaco y establece que los recursos generados sean destinados obligatoriamente al Ministerio de Salud Pública.