Era esperado que el hombre de confianza del entorno de Horacio Cartes sea nombrado en el Gabinete del nuevo gobierno, como es el caso de Carlos Fernández Valdovinos como ministro de Hacienda; no obstante, habiendo una ley vigente de conflicto de intereses, y que especifica limitaciones a las puertas giratorias, la designación se convierte en un hecho que infringe la legislación y se suma a otros varios casos dentro del mismo sector político.
La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, una de las impulsoras de la ley, confirmó que se trata de un caso claro de conflicto de intereses.
“La última designación de Santiago Peña en cuanto al ministro de Hacienda entendemos que representa un conflicto de intereses que debe ser analizado. Ojalá la Contraloría pueda reglamentar la ley y poner en vigencia la declaración jurada de intereses, pero por el momento, es evidente la existencia de un conflicto de intereses en esta designación”, expuso Kattya.
La normativa no fue reglamentada aún, pero ese no debería ser un motivo para que sea incumplida, sostiene la senadora electa.
“La ley que previene, sanciona y reglamenta el conflicto de intereses en la función pública está vigente; si bien es cierto que carece de ley reglamentaria, eso no puede ser invocado para negar o menoscabar su cumplimiento. Hay que entender que hay que formar cultura institucional, que el conflicto de intereses es una realidad que hace que las instituciones pierdan objetividad y no se pueda trabajar justamente por el bien común”, subrayó.
El gran problema es el uso de información sensible. El cartismo se caracterizó por nombrar como ministros a los gerentes de sus empresas o a sus ex ministros como gerentes, llevando de esta manera información del Estado que es privilegiada y sensible.
Antes de Fernández, también fue nombrada como ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quien es gerente de la constructora Jiménez Gaona.
Entre casos anteriores se encuentra Eddie Jara, quien de ser presidente de Petropar pasó a ser gerente de Enex; también Jorge Méndez, quien de la INC pasó a Cecon, todas empresas que estaban ligadas a Cartes.
La ley exige una declaración jurada de intereses
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó el 26 de abril pasado la ley “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la Función Pública”.
La normativa señala que el conflicto de intereses se presenta cuando los intereses particulares de una persona que desempeña funciones públicas o la de su grupo familiar incluyen en la adopción de decisiones en el ejercicio de su cargo.
La ley exige una declaración jurada de intereses que será pública, prohibición de ciertas conductas para los funcionarios públicos, venta o renuncia a activos, abstenerse de intervenir en procesos en los que puede verse comprometida su imparcialidad, limitaciones para los funcionarios al salir de la función pública, recomendaciones previas a las designaciones de altas autoridades, consultas a la autoridad de aplicación, asesoramiento preventivo y la aplicación de medidas preventivas especiales. Al salir de la función pública, las personas no podrán proveer bienes o servicios al organismo en el que ejercieron funciones.
