El proyecto de construcción del nuevo centro de reclusión se debe al hacinamiento en la actual penitenciaría de Tacumbú “en la que se hace imposible llevar adelante una verdadera política de reinserción a la sociedad de las personas privadas de libertad”, manifestó el ministro de Justicia y Trabajo, Humberto Blasco, en conferencia de prensa.
El nuevo penal estaría ubicado en el departamento de Presidente Hayes asentado en un predio de 20 hectáreas que albergará a 3.000 internos.
La cárcel estará equipada con celdas y servicios higiénicos, salas de aislamiento, talleres ocupacionales, consultorios, comedores, y sectores destinados para la recreación de los privados de libertad, según un informe de prensa del Ministerio de Justicia y Trabajo.
La construcción requerirá una inversión para el Estado de entre 15 millones y 18 millones de dólares, “desde luego los costos definitivos surgirán de una licitación pública”, dijo.
Igualmente, Blasco señaló que esta será una oportunidad real para los internos que en condiciones de adecuada internación y desarrollo apropiado de los programas de inserción dentro del plan Justicia con Dignidad, tengan una nueva oportunidad en la vida.
MANO DE OBRA. En tanto, el Viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Carlos María Aquino, comentó que la construcción de la nueva penitenciaría en el bajo Chaco, se realizará con mano de obra local.
“Una vez iniciado los trabajos de construcción, esto tendrá una duración de 36 meses, es decir, los pobladores de la zona, tendrán asegurado una fuente de trabajo el tiempo que duren la obra”, expresó.
CERRAR TACUMBÚ. Según el informe de prensa, el objetivo del ministerio de Justicia y Trabajo es clausurar de manera definitiva Tacumbú, con la instalación de una nueva penitenciaría que albergará a 3.000 personas, equipada con la más moderna tecnología en cuanto a seguridad.
Blasco expresó que la Secretaría tiene depositada en el banco “cerca de 8 millones de dólares” producto del porcentaje de las tasas judiciales correspondiente al ministerio que será destinado exclusivamente para la construcción de penitenciarías.
Con eso el ministerio ya tiene prácticamente el 50 por ciento de la financiación “asegurada con fondos propios”, indicó Blasco.
