Los integrantes de la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche (Guairá), liderados por su presidente, Cristhian Fonseca, mantienen su postura de continuar las protestas hasta reunirse con el presidente de la República, Santiago Peña.
Según Fonseca, al cierre de esta edición, las negociaciones con las autoridades de Petropar se encontraban en un cuarto intermedio. Los productores esperan concretar un encuentro con Peña el lunes o martes, tras su regreso de Brasil, para obtener una respuesta definitiva sobre la culminación del nuevo tren de molienda, cuya obra está avanzada en un 85%, aseguran.
Ayer, 21 cañicultores se reunieron con autoridades de Petropar, incluido su presidente, Eddie Jara, para conocer el estado del proyecto. Los participantes de la reunión acordaron un nuevo encuentro el lunes para discutir posibles soluciones con la empresa constructora EISA, encargada de la obra. Los cañicultores mantienen la esperanza de que el contrato con EISA no sea rescindido y que las obras se finalicen.
Petropar había anunciado el jueves, mediante un documento, su decisión de rescindir el contrato con EISA, que subcontrató a la empresa 8A para la construcción del tren de molienda. Hasta el momento, Petropar desembolsó USD 6 millones, pero aún adeuda USD 22 millones. EISA, por su parte, no exige el pago inmediato, sino la reanudación de los trabajos iniciados en el Gobierno anterior.
Los cañicultores, provenientes de los departamentos de Guairá, Caaguazú y Caazapá, intensificaron sus protestas, bloqueando la ruta PY02 durante más de 12 días. Estas acciones generaron enfrentamientos con conductores que buscan transitar por la vía. A los 400 camiones de gran porte que transportan caña de azúcar se sumaron tractores y más productores disconformes con la respuesta del Gobierno.
La culminación del tren de molienda en la planta de Troche es la principal demanda de los cañicultores, quienes destacan que el 70% de la producción se perdió debido a las obsoletas moliendas, con más de 40 años de antigüedad. Además, señalan que más de 45.000 familias dependen de esta actividad.
Críticas. La Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) emitieron ayer comunicados repudiando los cierres de rutas, tanto por parte de comunidades indígenas como de otros grupos, argumentando que estas acciones afectan a la producción, el comercio y la libre circulación, un derecho garantizado por la Constitución Nacional. Además, urgen al Gobierno a garantizar el desbloqueo de las rutas y solicitan que los reclamos se canalicen a través del diálogo.
