El canciller nacional, Julio Arriola, y el embajador de Argentina en Paraguay, Óscar Domingo Peppo, se reunieron en la mañana de este lunes para tratar la problemática por la retención de embarcaciones en el lado argentino y el cobro del peaje en la hidrovía por parte del vecino país.
Luego de la reunión, Cancillería Nacional emitió un comunicado en el cual informó que Arriola solicitó una urgente respuesta por parte de las autoridades argentinas a la nota enviada el último sábado y que el embajador Peppo se comprometió a encaminar las gestiones necesarias a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país.
La institución recordó que el pedido tiene como fin “levantar el embargo de los buques afectados y garantizar la libertad de tránsito de las embarcaciones de bandera paraguaya hasta tanto se resuelva la controversia con motivo de la interpretación y aplicación de las normas del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná”.
La decisión está en manos del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, cuya próxima reunión está prevista para fines de agosto, señaló también el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Poco después de dicha cita, Peppo se trasladó hasta la casa del canciller nacional designado para el próximo gobierno, Rubén Ramírez, donde se reunió también con el próximo ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y el gremio de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay para tratar el mismo tema. Los detalles de este encuentro aún no se dieron a conocer.
El presidente electo, Santiago Peña, ya se había reunido días pasados con el mandatario argentino Alberto Fernández para abordar la controversia y, si bien no dio detalles, sostuvo que es un canal importante para el futuro de la integración. Se mostró abierto al diálogo para llegar a una solución y poder colaborar, “como una voz de apoyo”.
Meses atrás, las autoridades argentinas decidieron de forma unilateral imponer un peaje de USD 1,45 por tonelada para el transporte internacional en el tramo de la VNT comprendido entre el puerto de Santa Fe y la confluencia con el río Paraguay.
Además de Paraguay, otros países de la región, como Brasil, Bolivia y Uruguay, se opusieron a la medida y calificaron como una violación al Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra.
Mientras tanto, el vecino país defendió su decisión y sostuvo que no se puede suspender el cobro del peaje, alegando que el objetivo es financiar las inversiones realizadas desde el 2010.
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La tensión se agravó este último fin de semana, ante la retención de una embarcación paraguaya de la empresa HB GRUS en Argentina, donde llegó para descargar soja brasileña.
Argentina exigía a la firma el pago de USD 4.232 con más el 30% del importe, “siempre que no se encuentre cargado y listo para zarpar”, según el acta que se emitió para ordenar la retención.
El caso hizo que Cancillería Nacional se pronunciara y elaborara una protesta por escrito dirigida al Gobierno argentino en defensa del libre tránsito en la hidrovía Paraguay-Paraná.
