Por Susana Oviedo
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La Cámara de Farmacias del Paraguay solicitará al fiscal Arnaldo Giuzzio, de la Unidad Anticorrupción, que proceda a la clausura inmediata de los locales descubiertos vendiendo medicamentos sustraídos o de dudosa procedencia.
Así lo anunció Elisa Beatriz Svetliza, presidenta de la institución, quien reconoció que esa práctica ilegal y desleal continúa plenamente vigente precisamente por falta de sanciones más severas.
“Hay que demostrar que por lo menos con el tratamiento de los medicamentos no habrá impunidad. Si una farmacia se clausura por esa razón, también debe estipularse que el regente profesional farmacéutico nunca más pueda abrir una farmacia. Además, que el propietario quede inhabilitado para abrir de nuevo un local en el mismo rubro”, puntualiza.
Solamente si no hay impunidad, agrega el abogado Román Ortigoza, asesor jurídico de la Cámara, por lo menos por temor, no volverán a vender remedios sustraídos de los hospitales o del Ministerio de salud Pública o producto del contrabando.
“Por culpa de unos sinvergüenzas, la sospecha recae sobre todas las farmacias”, lamenta Martha Giménez de Rivarola, miembro de la directiva. Es desgastante –dice– ver con frecuencia cómo se descubren depósitos clandestinos de reducidores de medicamentos robados y farmacias que sirven de boca de expendio de estos. Sin embargo, “ las farmacias que incurren en ese tipo de irregularidades generalmente afrontan un sumario promovido por la Dirección de Vigilancia Sanitaria, pero continúan abiertas y operando”, añade por su parte la presidenta, Beatriz Svetliza.
Además de la competencia desleal que les representan por los precios en que se venden esos fármacos, lo más grave son las condiciones en que los almacenan y los puntos de comercialización: depósitos, almacenes, vehículos o precarias farmacias. De esta forma, “la salud de la población está en juego”, advierten.