Para ello, según señala un comunicado emitido por el gremio, solicitan al Gobierno la modificación de algunos artículos de la Ley 1.614/2000, que prevé la restitución de los bienes de las aguateras al Estado. En ese sentido, refieren, no puede restituirse al Estado algo que nunca fue de él.
Añade que esta figura de la restitución “no es otra cosa que una abierta y gratuita confiscación, que solicitamos sea remplazada por la figura constitucional de la expropiación, la que debería hacerse previo justo pago en los casos puntuales de expropiación de aguaterías con serios incumplimientos de las disposiciones legales”.
También piden direccionar hacia a los aguateros parte de los recursos que obtiene el Estado de organismos multilaterales o de la colocación de bonos, a la modernización del sector agua potable y alcantarillado, de tal forma a contar con recursos a tasas menores que las vigentes en el mercado local.
La agremiación pide a las autoridades de turno que se les permita participar activamente de las instancias de discusiones entre el gobierno y los organismos multilaterales de crédito, para la construcción de políticas y programas que apunten a la ampliación y la mejora del servicio de agua y alcantarillado y contribuir así a elevar las condiciones de vida de la población.
Según la Cámara, en el Paraguay existen casi 2 millones de personas que no acceden al agua corriente, a pesar de que somos uno de los países con mayor cantidad de agua dulce por persona, y hay algo más de 5 millones de personas que no cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario.
“Preocupa que las autoridades actuales de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay incluso vienen hablando acerca de que los contratos de prestación de servicios entre el Estado y las aguateras se encuentran vencidos, cuando en realidad hasta hoy ninguna aguatera ha firmado contrato alguno con ningún representante del Estado paraguayo, por lo que mal podría hablarse de vencimiento de contrato”, agrega el comunicado.
