La reforma de la Caja Fiscal, aprobada en la Cámara de Diputados, debe analizarse más por sus efectos y alcances que, en términos prácticos, representa un avance frente a la inacción, pues introduce ajustes paramétricos que permiten desacelerar el crecimiento del déficit y reconoce que el problema no puede seguir postergándose. Sin embargo, también deja en evidencia que el Ejecutivo y el Congreso, en esta etapa, optaron por un camino gradual, priorizando la viabilidad política y la contención social por sobre una corrección estructural más profunda. El país optó, al menos en esta etapa, por un camino gradual.
La diferencia con la propuesta original del Poder Ejecutivo es clara. El proyecto inicial planteaba una convergencia más decidida de reglas entre regímenes y un alineamiento más fuerte con la realidad demográfica y fiscal. Lo aprobado por Diputados modera ese ajuste: Reduce impactos inmediatos y tensiones sociales, pero también limita la capacidad de corrección de fondo. El resultado es una reforma que gana tiempo, pero no resuelve el desequilibrio estructural, que seguirá presionando las finanzas públicas.
Este tipo de decisiones no es excepcional. La experiencia internacional muestra que las reformas previsionales rara vez se resuelven en un solo movimiento. En Uruguay, por ejemplo, la transformación del sistema se dio de manera gradual y sostenida, combinando un pilar público de reparto con un componente de capitalización complementaria, dentro de reglas relativamente homogéneas y con alta legitimidad social. No hubo un quiebre abrupto, sino una secuencia de ajustes que permitió mejorar la sostenibilidad sin erosionar la confianza en el sistema.
El caso de Chile ofrece una lección distinta, pero igualmente relevante. La adopción de una capitalización casi pura, implementada de forma drástica, generando décadas después fuertes tensiones sociales, cuando quedó claro que el sistema funcionaba razonablemente solo para quienes tenían ingresos altos y trayectorias laborales estables. La corrección posterior, con mayor intervención del Estado y pilares solidarios, confirmó que las reformas previsionales sin gradualidad ni equilibrio terminan siendo socialmente costosas y políticamente difíciles de sostener.
Ambos casos muestran que la gradualidad puede ser una virtud, siempre que esté acompañada de una hoja de ruta clara. El riesgo no está en avanzar paso a paso, sino en quedarse detenido en el primer paso. Sin una agenda explícita hacia un sistema más integrado, con reglas comunes, mayor equidad entre regímenes y mejor institucionalidad, los ajustes parciales tienden a agotarse rápidamente. La persistencia de regimenes especiales aislados –como la Caja Parlamentaria– muestra los limites de cualquier reforma que no aborde de manera integral la fragmentación del sistema previsional.
En ese sentido, lo aprobado en Diputados solo cobra pleno sentido si se asume como parte de un proceso más amplio. El propio Ministerio de Economía ha señalado que la reforma permitirá que el déficit crezca a una velocidad menor. Ese objetivo es relevante, pero insuficiente si no se acompaña de un compromiso político para encarar la reforma integral de la seguridad social que el país necesita.
La discusión que viene debería centrarse menos en que este ajuste fue suficiente o insuficiente, y más en lo que seguirá. Porque, en materia previsional, postergar indefinidamente las decisiones de fondo lejos de tener un efecto neutral: Es una forma silenciosa de trasladar el costo a las próximas generaciones y de restringir, en el presente, recursos clave para salud, educación y protección social.
Este primer paso puede ser el inicio de una reforma responsable y sostenida, o apenas un parche más. La diferencia la marcará la voluntad política de avanzar hacia la hoja de ruta que aún está pendiente de ser definida.
- El resultado es una reforma que gana tiempo, pero no resuelve el desequilibrio estructural, que seguirá presionando las finanzas públicas. Limita la capacidad de corrección.
