22 nov 2026

Una década perdida de confianza financiera

Luego de varias semanas de datos ya convertidos en información, si bien se sigue sin dimensionar la profundidad de la crisis ocasionada por el caso ueno bank, es posible asegurar que sus efectos no se quedarán en el corto plazo. Las estimaciones más conservadoras sugieren 10 años, mientras que otras señalan que se extenderán por al menos 20 años. Los tres poderes del Estado deben actuar con las medidas necesarias para mitigar los daños y gestionar los riesgos futuros de manera que esta crisis deje un sistema más fuerte que el anterior.

La extensión de las secuelas tras la liquidación de ueno bank y las consecuencias inmediatas que se han visto dependerá de muchos factores: El tiempo en que se recuperará la confianza en el sistema, la existencia o no de demandas internacionales, la recuperación total de los fondos jubilatorios y de otros recursos públicos, la profundidad de las consecuencias en los hogares por su endeudamiento y por la vía del empleo. A diferencia de otras crisis bancarias en las que el impacto se limita a depositantes minoristas cubiertos por los mecanismos de protección de depósitos, este caso muestra una exposición desproporcionada de recursos pertenecientes al sector público y a entidades de seguridad social.

La probabilidad de no recuperación es una pérdida directa para el patrimonio público, trasladando sus costos a la ciudadanía y a las generaciones futuras.

La memoria económica del Paraguay tiene antecedentes negativos en este aspecto. La crisis bancaria de la década de 1990, iniciada en 1995 y extendida hasta finales de la década, afectó a aproximadamente la mitad de las entidades del sistema entre bancos y financieras y le costó al país más del 6% de su producto interno bruto según algunos estudios.

La experiencia muestra que los conflictos financieros que involucran a tribunales extranjeros se extienden intergeneracionalmente.

El emblemático litigio internacional derivado de las deudas fraudulentas contraídas por Gustavo Gramont Berres a fines de los años ochenta mantuvo al Estado paraguayo litigando en cortes europeas y estadounidenses durante casi tres décadas –hasta el fallo definitivo en Washington en 2017– obligando a inmovilizar reservas internacionales en el exterior y a destinar millones de dólares en defensa legal.

La historia económica mundial da cuenta de los peligros de la expansión crediticia acelerada, la debilidad en la supervisión prudencial, la mala gestión de las agencias de calificación crediticia y del peligro de los vínculos entre el sistema bancario privado y los fondos públicos.

Al analizar la evolución de este caso desde una perspectiva macroeconómica y regulatoria se observa la vulnerabilidad del sistema financiero con el riesgo fiscal, la desprotección de los fondos jubilatorios y la amenaza de litigios internacionales de alta envergadura.

En economía, la confianza es un bien público que aunque sea intangible es fundamental para la sostenibilidad del crecimiento y la trayectoria hacia el desarrollo. Las proyecciones que estiman un horizonte de diez años para la plena absorción de los efectos de esta crisis no son exageradas ya que responden a la evidencia que nos dieron crisis anteriores, tanto la nacional como la internacional de 2008-2009.

La reconstrucción del capital reputacional de las instituciones reguladoras y de los fondos previsionales requiere reformas legales profundas, cambios en la gobernanza y una década de disciplina ininterrumpida para reducir la desconfianza de los agentes económicos.

La profundidad del daño infligido a los fondos jubilatorios, la posibilidad de pasivos contingentes derivados de las demandas internacionales y la fractura en la credibilidad institucional configuran un escenario negativo. Frente a esta crítica situación, los tres poderes del Estado deben actuar con las medidas necesarias para mitigar los daños y gestionar los riesgos futuros de manera que esta crisis deje un sistema más fuerte que el anterior.

Superar esta coyuntura requerirá también la penalización con toda la fuerza de la ley de los responsables, y un compromiso con la transparencia para limitar las consecuencias y recuperar la confianza.

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