Según el diagnóstico, el marco legal actual restringe las posibilidades de inversión del fondo previsional, ya que solo se permite colocar recursos en instrumentos de bajo rendimiento como títulos públicos, acciones limitadas o fondos de inversión domésticos, cuyo retorno promedio apenas alcanzan el 8% anual.
“El Estado, a través de las leyes impidió inversiones rentables con la justificación de evitar nuevos casos de corrupción y ‘protección’ de los activos de los afiliados. La ley 7235/23 que crea la Superintendencia establece: ‘Artículo 11.- Régimen de inversiones. Las Entidades de Jubilaciones y Pensiones deberán cumplir sus funciones de gestión de inversiones, utilizando conceptos de manejo de riesgos basados en la diversificación y la gestión de activos tal que satisfaga las obligaciones derivadas del pasivo, protegiendo los intereses de los afiliados’”, detallaron.
Señalaron que esto contrasta con lo que ocurre en otras economías de la región y del mundo, donde los fondos de pensiones están autorizados a invertir en infraestructura, energía, tecnología, bonos internacionales o bienes raíces, generando mayores rentabilidades anuales. Citaron a países como Canadá, Noruega o Chile los cuales, a su criterio, lograron resultados sostenibles y blindaron sus sistemas ante riesgos económicos.
Pérdida de valor. En Paraguay, en cambio, la imposibilidad de hacer dichas inversiones conllevó a una estrategia donde los fondos pierden valor real año tras año.
“No se consideraron estrategias alternas de capitalización y de mayor rentabilidad sostenida. Conformarse con los bajos rendimientos financieros de la Caja que apenas igualan a la inflación real revela una visión conservadora, poco eficiente y pasiva de la gestión financiera pública. Esto condena al sistema a un estancamiento estructural y progresiva descapitalización”, lamentan.
En el informe se plantea como única forma de proteger realmente los aportes de los trabajadores implementar estrategias activas de inversión, bajo sistemas de control y transparencia adecuados.
“Es un grave error técnico renunciar voluntariamente a utilidades reales. Eso tiende a perpetuar sistemas poco rentables que vuelven frágil al sistema. No se combate la corrupción con inacción, sino con transparencia y controles. La Caja Fiscal no cuenta con auditorías internas creíbles o externas ni de la Contraloría ni Supervisión de comités de afiliados o de ciudadanos. No cuenta con planes de ajustes basados en proyecciones demográficas, laborales y económicas. Solo reaccionan cuando se ven superados por el déficit planteando soluciones “parches”. (…). Urge una reforma estructural con nuevos principios de gobernanza, autonomía y control social para evitar el colapso del sistema y garantizar los derechos previsionales de generaciones futuras”, instaron, finalmente, los coroneles, quienes también habían dado a conocer una propuesta de reforma para la Caja Fiscal.
