Los terribles presagios se han cumplido. Las amenazas de potencial violencia en instituciones educativas del país estaban presentes y al final se concretaron hace unos días en un colegio del interior del país. Un estudiante de 16 años asesinó a la maestra Sofía Rodríguez de Cristaldo cuando daba clases de Matemáticas, en el aula del primer año de la media. Según la crónica, en un momento de la clase un alumno se levantó y se dirigió hacia la docente diciendo en guaraní: “Vyropáma la estudio, vyropáma la clase” (el estudio ya no tiene sentido y tampoco la clase) y luego la apuñaló. Horas más tarde, cuando el adolescente fue detenido, encontraron en su poder dos armas blancas.
El comisario Ricardo Alonso, jefe de Investigación de Hechos Punibles del Guairá, explicó que el joven habría dicho que tenía como objetivo llamar la atención de sus padres y que ya no quería estudiar, sino trabajar.
Esta tragedia enfrenta a la sociedad y al mismo Estado a considerar seriamente el problema, a reflexionar, y a pasar a la acción con respuestas razonables.
La preocupación ante el problema ya estaba presente, considerando que en los últimos años hubo más de diez episodios de violencia y amenazas dentro de instituciones educativas del país. Y, aunque los episodios de violencia fueron aumentando dentro de las aulas, recientemente, a pedido de los directores, el Ministerio de Educación convocó a una mesa de trabajo para idear acciones respecto a la seguridad en las instituciones educativas.
Precisamente, en esta línea de pensamiento, una mesa de trabajo integrada por el MEC con padres y autoridades de diferentes instituciones sugirió la propuesta de mochila segura, como alternativa a la presencia de drogas, amenazas y armas en las escuelas. Uno de los puntos acordados en esta reunión fue pedir la autorización a los padres para poder revisar la mochila de sus hijos en caso de sospechas de la presencia de estupefacientes o elementos contundentes; además de realizar un concurso para incluir en el kit escolar mochilas con materiales reciclables que permitan ver lo que hay dentro, es decir, transparentes, bajo la premisa de una “mochila segura”.
Sin embargo, la respuesta represiva de controlar las mochilas de niños no es la respuesta que necesitamos de parte de las autoridades. Debemos asumir que el origen de esta problemática, que se expresa con las amenazas y la violencia en las instituciones, tiene un trasfondo social profundo. Como comunidad tenemos serios problemas, y entre tanto barullo tecnológico cuesta encontrar el sentido de la comunidad, como señaló el filósofo José Silvero.
Una gran mayoría de las familias paraguayas llevan una existencia muy precaria. Con ingresos insuficientes e inestables, sin acceso a la salud pública, y de la salud mental ni mencionar pues es inexistente; con un sistema de vida que obliga a trabajar largas jornadas laborales y perder valioso tiempo en el caos del tránsito y con un transporte público deficiente; resulta evidente que ese modo de vida tiene un gran impacto negativo en las familias. Y, cuando se habla del control que deberían tener los padres sobre sus hijos, sin duda no consideran que esos mismos padres, padre y madre, deben trabajar, estar ausentes de sus hogares precisamente para sostener a la familia.
Ni la represión ni tener un sicólogo por aula serán la solución, además de lo imposible de la idea. Mientras tengamos a políticos sospechados por narcotráfico y lavado de dinero como modelos de impunidad, esta sociedad rota seguirá expresando su crisis con violencia. Es hora de que la comunidad y las instituciones asuman que se deben buscar soluciones estructurales a este complejo problema.
