Uno de los sospechosos ya fue detenido, mientras que los otros dos siguen en busca y captura, según informaron fuentes de la Policía Federal.
La investigación apunta a los tres investigados como presuntos responsables de bloquear carreteras en el municipio de Campos dos Goytacazes, en el interior del estado Río de Janeiro, en los días siguientes a la celebración de los comicios del 30 de octubre.
También se sospecha que organizaron manifestaciones de cuño golpista frente a los cuarteles del Ejército de esa ciudad que demandaban una “intervención” militar para devolver al poder a Jair Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña.
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La Policía igualmente sitúa a esos tres individuos, cuyas identidades no fueron divulgadas, entre los posibles financiadores de la intentona golpista que protagonizaron miles de radicales bolsonaristas el 8 de enero en Brasilia.
Ese día, una horda de partidarios de Bolsonaro, que dejó el poder el pasado 1 de enero, cuando le sucedió Lula, invadieron y causaron graves destrozos en las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema durante cuatro horas, con la intención de derrocar a Lula.
“Durante la investigación fue posible recolectar pruebas capaces de vincular a los investigados en la organización y el liderazgo” de esas acciones contra el Estado democrático de derecho, indicó la Policía Federal en una nota.
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Por el asalto a los poderes ya fueron detenidas unas 1.800 personas, de las que cerca de un tercio fueron liberadas por “cuestiones humanitarias” y responderán a un eventual proceso judicial en libertad.
Las autoridades intentan ahora identificar y detener a los posibles autores intelectuales, instigadores y financiadores de la violenta invasión a las instituciones, así como investigar la posible connivencia de los mandos policiales de Brasilia.
En este apartado, el viernes pasado, la Corte Suprema incluyó a Bolsonaro, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos, en la lista de investigados por supuestamente incitar a sus seguidores más radicales a atacar las sedes de los tres poderes.
El alto tribunal también ordenó la prisión del exsecretario de Seguridad de Brasilia Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia de Bolsonaro, por su presunta “omisión” para detener a los golpistas del 8 de enero.
