“Atendiendo que el tema de derroche no para –viajes numerosos, compras innecesarias, parientes y asesores en demasía, sueldos exhorbitantes y demás– espero podamos tratar apenas se reanuden las sesiones”, expresó el legislador proyectista.
Godoy recordó que en la última sesión de la Comisión de Legislación el proyecto recibió un dictamen de aprobación, con modificaciones. “Algunas modificaciones consideré pertinente incluir y ya las he presentado”, detalló.
Se trata del proyecto de ley “que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias; prohíbe y limita el nombramiento o contratación de parientes y asesores en la función pública, fija topes salariales para las autoridades de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”, que fue presentado por el senador cartista.
Uno de los puntos regulados por esta norma es la equiparación de los altos salarios al del presidente de la República; es decir, ningún funcionario ni autoridad podrá ganar más que el mandatario. Además, se pretende eliminar el servicio de telefonía celular, alimentos, bebidas, arreglos florales y tarjetas de invitación para recepciones.
Ningún funcionario ni autoridad podrá realizar más de dos viajes por año fuera del país, con una comitiva de no más de tres miembros.
Otro gasto a prescindir es la publicidad estatal, incluyendo la de las binacionales, en medios masivos de comunicación, redes y cualquier otra forma de expresión audiovisual, excepto en situaciones de emergencias para las que se necesite dar aviso.
También se limita la contratación de parientes y asesores. “Basta de llenar de parientes el Estado, malgastar dinero público y dar salarios por demás elevados. Incluí precisiones al proyecto, el que deviene por demás pertinente tras enterarnos que este Gobierno malgastó USD 330 millones en gastos corrientes”, cuestionó. Un elemento resaltante es que serán eliminadas todas las asignaciones presupuestarias destinadas a la provisión de combustible para todas las autoridades públicas de rango superior, lo que afecta a altos cargos de los poderes del Estado. En este caso, el ahorro sería mayor.
La norma excluye a funcionarios considerando que existen técnicos de los ministerios que realizan viajes en el interior del país, pero sí afecta a ministros, viceministros, legisladores, jueces y otros altos cargos.
