Un anteproyecto de ley presentado por la Coalición por la Legalidad ante la Cámara de Diputados busca establecer como obligatoria la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas por parte de las autoridades municipales, con sanciones por incumplimiento. La iniciativa pretende subsanar vacíos legales de normas anteriores y fortalecer la participación ciudadana en la gestión pública.
La propuesta “Que establece la obligatoriedad de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de las Autoridades Municipales” refiere que intendencias y juntas municipales deberán exponer públicamente su informe de gestión, ejecutar mecanismos de consulta ciudadana y responder por la ejecución presupuestaria y uso de fondos públicos. De no hacerlo, se implementarán multas de cinco salarios mensuales y hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
“La ley vigente no tiene sanción, por eso, aunque habla de obligatoriedad, en la práctica es optativa. Con este proyecto aprovechamos para introducir mejoras de fondo, como la inclusión del deber de rendir cuentas por parte de los concejales también”, explicó la abogada Mirian Franco, miembro de la Coalición por la Legalidad.
Uno de los aspectos centrales del anteproyecto es que no solo la intendencia debe rendir cuentas, sino también la junta municipal. Según la propuesta, el presidente de la Junta Municipal deberá informar públicamente sobre “la cantidad de sesiones, resoluciones aprobadas, ausencias y proyectos pendientes”, lo cual no estaba contemplado en legislaciones anteriores.
“La ley actual solo apuntaba al intendente. Nosotros creemos que la junta municipal también debe rendir cuentas, porque la Constitución establece que el gobierno municipal está integrado por ambos órganos”, agregó Franco.
Fechas, sanciones y rol ciudadano
Según el texto, las audiencias deberán realizarse de forma presencial entre el 15 y el 30 de abril de cada año, reemplazando el plazo anterior que vencía el 15 de febrero. “Extendemos el plazo porque la ejecución presupuestaria puede presentarse hasta el 30 de marzo. Queremos que coincidan los tiempos reales con la audiencia”, explicó la abogada.
En caso de incumplimiento, se establecen sanciones concretas. Para el primer año, una multa al intendente por cinco salarios mensuales, que deberá pagar con recursos propios y será donada a los bomberos del municipio.
Para el segundo año, además de la multa, el intendente quedará inhabilitado para ocupar cargos públicos durante cinco años.
“Esa multa está consignada como recurso del intendente en el presupuesto (su salario). Por eso, es de cumplimiento real. También es la primera vez que se introduce una inhabilitación política como sanción, lo que eleva el peso del incumplimiento”, señaló Franco.
La propuesta también impone obligaciones a la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP) de cada municipio. Esta oficina deberá publicar la invitación en redes sociales y el sitio web oficial. También transmitir en vivo la audiencia y subir el informe de gestión y documentos respaldatorios al menos siete días antes de la audiencia.
Órgano de control externo
El anteproyecto también incorpora como autoridad de aplicación a la Contraloría General de la República, algo que la ley vigente omitía. La CGR será responsable de verificar el cumplimiento de la norma, conforme a la Ley 7.389/24 sobre integridad y transparencia.
“Los municipios nunca tuvieron un órgano de control real sobre esta obligación. Este proyecto por primera vez asigna a la Contraloría esa función, lo que permitirá un seguimiento institucional”, remarcó la representante de la Coalición.
Además de la exposición de informes técnicos, el anteproyecto garantiza que la ciudadanía pueda formular consultas y opiniones, tanto de forma oral como escrita. Las respuestas deberán publicarse en el sitio web municipal dentro de los siete días siguientes a la audiencia.
La coalición anunció que espera contar con apoyo en el Congreso y espera se pueda realizar audiencias públicas con más sectores para sumar a esta normativa.
“Estamos hablando con diputados para que ingrese el proyecto y se tome con seriedad. Hoy vemos que muchas autoridades no toman en serio la rendición de cuentas, y queremos que esta sea una herramienta real para el control ciudadano”, concluyó Franco.
