Carlos Pereira, asesor financiero ad honorem del Instituto de Previsión Social (IPS), explicó que se está trabajando en un paquete de medidas para enfrentar la crisis financiera de la institución.
“Estuvimos reunidos con los técnicos de la comisión y justamente, hablamos de la reglamentación del amparo como uno de los temas fundamentales”, señaló en comunicación con Radio Monumental 1080 AM.
El asesor advirtió sobre el impacto de los amparos judiciales en el presupuesto de la previsional. “Partiendo de la premisa de que es un derecho constitucional, eso a nadie se le puede prohibir, pero esta disposición pretende regular el acceso a los medicamentos de alto impacto y a la tecnología sanitaria que hoy se consigue mediante acciones judiciales”, añadió.
Pereira recordó que en su gestión como consejero del IPS recibía cada viernes órdenes de amparo por montos multimillonarios.
“Eso llevaba el 80% del presupuesto y quedaba el 20% para distribuir en el vademécum, que ya es absolutamente insuficiente”, insistió.
Por su parte, el viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, declaró a la misma emisora radial que los amparos judiciales relacionados con medicamentos generan serios inconvenientes en el sistema sanitario.
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“Los amparos que fueron dictados en contra del IPS están en relación a medicamentos que el propio IPS compraba y dejó de comprar. Entonces, generó también inconvenientes”, señaló.
Recalde recordó que el fenómeno del amparo constitucional es un derecho establecido en la Carta Magna, pero que las indicaciones indiscriminadas de algunos médicos agravan la situación. “Los fenómenos que se fueron experimentando fueron justamente las indicaciones indiscriminadas y no bien realizadas por un grupo de colegas. Eso es una situación que no podemos negar”, sostuvo.
El viceministro indicó que el Ministerio de Salud recibió entre 1.500 y 1.600 amparos en los últimos dos años, un aumento significativo respecto a los 256 registrados entre 2019 y 2020, advirtiendo que el aumento se da de manera sostenida en los últimos tres a cuatro años.
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Añadió que la conformación de un comité técnico y de una comisión multidisciplinaria busca evaluar los casos, pero que se necesita además una normativa clara sobre cómo pedir y aprobar los amparos.
El alto funcionario también denunció sobrecostos en medicamentos importados que se venden a precios elevados en nuestro país.
“Soy responsable por lo que digo. Los empresarios van a decir: ‘El Estado paraguayo, ¿a qué frecuencia paga? ¿En 6 meses, en 10 meses, en 15 meses?’ Sí, el Paraguay tiene una diferencia en relación a los tiempos de pago, y eso también es una realidad”, expresó.
El amparo judicial es una herramienta legal rápida que un asegurado usa para obligar a la institución a entregar medicamentos costosos, prótesis o realizar cirugías de urgencia cuando se niega o demora la atención.
El paciente presenta el pedido ante un juez porque está en peligro su vida o su salud y si se acepta el caso, la institución está obligada a cumplir con la atención médica de forma inmediata.
