Política

Buscan más causales contra fiscala para presionar apoyo y lograr votos

Los impulsores del juicio político esperan que un elemento fuerte pueda movilizar a la ciudadanía en estos días y que María López, Carlos Noguera y Édgar Ortiz reviertan su postura antes del lunes. 

El escenario desfavorable para aprobar el juicio político de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, tiene a la alianza entre el oficialismo y la oposición de la Cámara de Diputados en la búsqueda de estrategias para cambiar el sentido de los votos de los tres liberales aliados al cartismo.

Los diputados que lideran las conversaciones apuntan a la presión ciudadana, mientras que el líder de la bancada L, Antonio Buzarquis, confía en que con el paso de los días se podrá encontrar una nueva causal contra la fiscala que pueda mover el tablero.

Por ese motivo, prefiere prolongar lo más que se pueda las sesiones de estudio del libelo acusatorio y no desactivar el juicio político, con la esperanza de que los votos que faltan, de los llanistas Édgar Ortiz y María López, y el dionisista Carlos Noguera, puedan ubicarse a favor, además del dubitativo Enrique Mineur, llanista, que prometió apoyo pero luego retrocedió, supuestamente.

El primer plazo es hasta el próximo lunes, a las 14:00, día en que fue convocada una nueva sesión para seguir el estudio del libelo acusatorio.

Queda por verse si será el día definitorio o si se volverá a interrumpir con un cuarto intermedio por falta de votos.

El juicio político a la fiscala general se activó con la declaración de “significativamente corrupto” a Horacio Cartes por parte de los Estados Unidos, lo que fue considerada como una muestra de la complicidad e impunidad de Quiñónez con el empresario.

Sin embargo, esto no movió las lealtades de algunos diputados liberales que siguen aliados al cartismo. Por lo que se deberá buscar una causal mucho más fuerte.

Para aprobar el juicio se necesitan dos tercios de los presentes, lo que significa que si están los 80 diputados, se requieren 53 votos.

Honor Colorado no tiene la capacidad de finiquitar el proceso, que comenzó el pasado domingo y siguió el lunes y el martes. La cuarta jornada será la próxima semana.

No obstante, lo que sí puede controlar son los votos. Hasta ahora tiene retenidos a los tres liberales, que no ceden ni con las advertencias de la Concertación de retirarlos del padrón y de no habilitar sus candidaturas, además del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que anunció que serían desafiliados si votaran en contra del juicio político.

López y Noguera desaparecieron en los últimos días. Solo se conectaban para votar a través de la virtualidad.

Esta situación hizo que se recurra a un nuevo recurso, cambiar el reglamento de la Cámara de Diputados para obligar a los que se esconden detrás de las cámaras a presentarse a las sesiones a dar la cara y emitir públicamente sus posturas. La modificación aprobada consiste en obligar a que las sesiones sean totalmente presenciales cuando se trata de juicio político, intervenciones, interpelaciones y sanciones a diputados. Las demás podrán ser virtuales.

Esta movida hasta generó la aparición de un nuevo diputado, Renato Ibarrola, quien es suplente de Carlos Rejala, de Hagamos.

Prestó juramento porque Rejala solicitó permiso por dos meses por la imposibilidad de asistir de forma presencial por problemas personales.

NO SOLO VOTOS. El diputado de Fuerza Republicana, Hugo Ramírez, manifestó que seguirán por muchos días el juicio si es necesario porque no es una cuestión solamente de votos, sino que la gente pueda conocer los puntos del libelo acusatorio.

“Es la pregunta que nosotros también nos hacemos (si hay votos). La principal victoria está en que la ciudadanía tuvo la oportunidad de entender qué se reclama y de qué forma se debe realizar este proceso. Pero también va a quedar al descubierto qué colegas están a favor de las instituciones y cuáles a favor de los intereses de un grupo económico que tiene un modelo nocivo para la democracia”, manifestó Ramírez.

El martes se concluyó la exposición del asesinato de Rodrigo Quintana, que es la séptima causal, y el lunes sigue con el fracaso del Metrobús.

Las acusaciones que se incluyeron en el libelo presentado en la cámara baja contra la titular del ministerio público

Blindaje a Horacio Cartes. Inacción del Ministerio Público en la investigación y sanción de autores y cómplices de hechos punibles que involucran a HC.

Darío Messer. Deliberada inacción por parte del Ministerio Público. Tras 3 años, no se investigaron las conclusiones del informe de la CBI por falta de voluntad política y encubrimiento.

Falta de acción oportuna con relación a informes de la Seprelad. No se conoce el avance de investigaciones respecto al delito de lavado de dinero, a pesar de las denuncias de Giuzzio.

Inacción deliberada para la recuperación de activos. Informe de Senabico. Sumisión al poder de facto, conllevando a la impunidad y falta de recuperación de millonarios activos.

Zero Um, el poderoso socio de HC, beneficiado por el Ministerio Público. No ameritó apertura de causas penales en casos que involucran a HC y sus socios comerciales.

Parcialidad, arbitrariedad y selectividad de la Fiscalía: Decisiones diferentes ante procesos similares. Aplicó criterios distintos en el caso de OGD y HC por declaración falsa.

Impunidad del homicidio de Rodrigo Quintana. Ataque a la sede del PLRA. Por resolución se negó a realizar una línea investigativa y resolvió acusar solo a Gustavo Florentín.

Impunidad en el fallido proyecto de Metrobús. Inacción en investigación y sanción de autores y cómplices ante denuncias de presuntos hechos punibles que incluyen daño patrimonial al presupuesto público.

Ineficiencia y negligencia en la gestión administrativa presupuestaria del Ministerio Público. Señala carencias, pero no se ocupa de solicitar los recursos o de procurar las reprogramaciones presupuestarias internas que faciliten superar los problemas que repercuten en la operatividad institucional.

Impunidad en la corrupción en intendencias y gobernaciones. No se adoptaron medidas urgentes que se requerían para la investigación oportuna de los hechos y la identificación de responsables por denuncias de corrupción pública.

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