06 feb. 2026

Buscan frenar la creación de un “Archivo del Terror 2.0"

Activistas paraguayos denuncian que el Congreso prepara una Ley que obligará a empresas proveedoras de internet a retener datos personales de clientes durante un año, un proyecto que, según ellos, puede ser usado para controlar masivamente el comportamiento ciudadano.

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“El proyecto de Ley le recordó a mucha gente a una versión 2.0 del Archivo del Terror”. | Foto: EFE

EFE

El proyecto de Ley de Retención de Datos de Tráfico, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Senadores, pretende almacenar durante 12 meses y de forma sistemática los “metadatos”, los apuntes técnicos con coordenadas, horarios y otros detalles que acompañan a cada fotografía, canción, texto o archivo que los usuarios comparten en internet.

“Están preparando algo intrusivo que viola principios de privacidad, y con la excusa de perseguir determinados delitos van a hacer algo que va en contra de todos los ciudadanos”, declara a Efe Maricarmen Sequera, de 30 años, abogada paraguaya experta en derechos de autor y directora de la ONG Tedic, pionera en Paraguay en la defensa de los derechos ciudadanos en internet.

“La ley permitiría que se sepa qué está haciendo el ciudadano. Qué web visita, a qué hora lee los mensajes, dónde, etc”, dijo la abogada.

Sequera es responsable con su compañera Jazmín Acuña (de 27 años, directora de Proyectos de Tedic) de una campaña que se ha extendido por internet para tratar de frenar el proyecto de ley.

A través de las redes sociales lanzaron una llamada a luchar contra lo que llaman “pyrawebs”, un juego de palabras que mezcla el concepto de página web con el término en guaraní “pyrague”, con el que se conocía en Paraguay a los soplones e infiltrados de la Policía de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

La campaña se convirtió en viral debido a la sensibilidad que existe en el país por el recuerdo reciente del régimen militar que creó el conocido como “Archivo del Terror”, toneladas de papel que contenían los registros de filiación política y otros datos personales, usados para reprimir a cientos de miles de ciudadanos en Sudamérica, destacó Sequera.

“El proyecto de ley le recordó a mucha gente a una versión 2.0 del Archivo del Terror”, dijo.

El sistema de almacenamiento de los “metadatos” fue rechazado por el tribunal de Justicia de la Unión Europea, y no existe en países del Cono Sur.

Argentina declaró inconstitucional una legislación similar en el año 2005, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sentenció en contra de Brasil en 2009 por aplicar seguimiento y escuchas a ciudadanos amparándose en un texto similar al que está en discusión en el Congreso paraguayo, recordó.

Sin embargo, la ley que prevé almacenar los ‘metadatos’ durante 12 meses, cuenta en Paraguay con fuertes apoyos, entre ellos el del Ministerio del Interior, la Fiscalía y varios congresistas, casualmente ex fiscales, explicaron desde la ONG.

“No nos importa si son 12 meses o 13 o 20 años. La cuestión es prohibir que se cree esa estructura”, manifestó la abogada.

Desde Tedic consideran “bastante peligroso” darle a empresas privadas la oportunidad de crear un archivo con los datos de tráfico de los ciudadanos, pues debería ser una responsabilidad del Estado velar por la privacidad de las personas.

“Estamos muy de acuerdo en perseguir delitos, pero hay que hacerlo de forma individual y no de forma masiva, intrusiva y pagado por todos los ciudadanos que usan internet en Paraguay”, expresó la activista.

Acuña recordó que en Paraguay solo el 25 por ciento de la población tiene acceso a internet, por lo que también hay un desconocimiento general sobre los derechos que los ciudadanos tienen en la red.

“La brecha de acceso a internet en Paraguay sigue siendo bastante amplia, ése sigue siendo un desafío latente”, destacó Acuña, y abogó por que el Estado invierta en infraestructura de telecomunicaciones.

La directora de Proyectos dijo que Tedic continuará fomentando los derechos humanos, la transparencia y la participación ciudadana, y luchando contra las “pyrawebs”, mientras las Comisiones Asesoras de la Cámara de Diputados de Paraguay estudian el proyecto antes de someterlo a votación.

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