Norman Castro, uno de los impulsores de la demanda ante la Corte Suprema, dijo a periodistas que la ley que originó el contrato de concesión desde 1997 a Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, “viola lo que dice la Constitución en unos diez artículos”.
Los demandantes aducen que la compañía no paga impuestos y recibe una serie de presuntos beneficios contrarios a la ley. “Luego de un análisis detallado del contrato [...] tomamos la decisión de que la acción de inconstitucionalidad era la vía idónea” para impugnar la concesión, afirmó Julio Macías, el otro abogado que presentó la acción legal.
La demanda, presentada por ambos a título personal, busca que la Justicia anule el contrato que permite a Panama Ports Company, subsidiaria de la empresa de Hong Kong, operar los puertos de Balboa y Cristóbal, en ambas entradas del canal.
La empresa también está bajo auditoría de la Contraloría panameña para ver si cumple sus compromisos financieros con el Estado.
Esto ocurre en momentos en que Trump ha amenazado con “retomar” el canal de Panamá bajo el argumento de que está operado por China.
“China está metida en el canal de Panamá, no será así por mucho tiempo”, señaló el presidente republicano.
La subsidiaria de Hutchison Holdings obtuvo una concesión por 25 años, que fue prorrogada por otros 25 en 2021.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, que el domingo se reunió con el presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo esperar que el país centroamericano alivie las “preocupaciones” sobre la influencia de Pekín en la ruta marítima.
Washington considera una “amenaza” que una empresa china opere puertos en los accesos al canal, pese a que la vía es dirigida y administrada por una entidad panameña autónoma.
El canal de Panamá, construido por EEUU e inaugurado en 1914, pasó a manos panameñas en 1999 tras la firma de tratados bilaterales.
EEUU y China son los dos principales usuarios de la ruta, que une los océanos Pacífico y Atlántico, y por la que pasa el 5% del comercio marítimo mundial.
