El ministro de Hacienda, Benigno López, alertó sobre un eventual encarecimiento de los bonos soberanos en futuras emisiones si el Paraguay vuelve a caer en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat).
El titular del Fisco fue abordado sobre el tema por la senadora Desirée Masi, durante la defensa que realizó del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2019 ante la Comisión Bicameral del Congreso.
En ese sentido, remarcó que nuestro país no verá afectado en las condiciones de su deuda actual en caso de volver a caer en la lista gris, ya que el pasivo fue tomado con anterioridad. Sin embargo, resaltó que esta situación sí impactará en el valor de los bonos y la credibilidad para futuras emisiones internacionales.
Explicó que ser considerado un país no cooperante por Gafilat implica obtener tasas de interés más altas en colocaciones en los próximos años, lo que a su vez hará más difícil obtener el financiamiento para las inversiones en obras, salud o educación.
El Paraguay ha emitido bonos soberanos por un total de USD 3.410 millones desde el 2013 a la fecha. Este año se han colocado títulos por USD 530 millones, mientras que en el 2014 se registró la mayor operación de este tipo, por USD 1.000 millones. Para el año que viene, se prevé una nueva emisión por USD 600 millones (ver infografía).
Revisión. En al año 2009, el Paraguay ya había caído en la lista gris de países no cooperantes, situación que motivó una serie de adecuaciones normativas para que en la siguiente ronda de evaluación, en el 2012, se haya podido salir de ella.
De acuerdo con la información oficial, nuestro país será sometido a una evaluación del Gafilat desde abril del año entrante.
La preocupación por la próxima prueba tiene que ver con que el enfoque estará centrado ya no en el marco normativo –donde Paraguay tuvo grandes avances– sino en el grado de efectividad de sus instituciones para detectar y sancionar hechos vinculados al lavado de activos.
Otra evaluación que deberá sortear el Paraguay será por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aunque este proceso se realizaría en 2020.
El desafío en este caso es similar, ya que la principal recomendación de este organismo es que nuestro sistema tributario pueda intercambiar información con sus pares de otros países.
