Pese a su uso habitual en la agricultura extensiva y las reivindicaciones del sector, Bolivia mantiene restringido el uso de transgénicos u Organismos Genéticamente Modificados (OGM) a un único tipo de soja resistente al glifosato, un herbicida no selectivo.
Empresarios agropecuarios de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) reclaman a las autoridades que permita ampliar la investigación a otras variedades de soja y cereales para mejorar la productividad.
Así, María Mercedes Roca, profesora de Biotecnología en el Tecnológico de Monterrey (México), considera que “Bolivia no puede ser competitiva en el Mercosur sin esta tecnología”, ya que el resto de países (como Argentina y Brasil) sí la usan.
La experta defiende, en declaraciones a Efe, que cada cultivo genéticamente modificado debe evaluarse “por sus propios méritos y caso por caso”, según su adaptación a cada suelo.
La ministra boliviana de Medio Ambiente y Aguas, Alexandra Moreira, argumenta que no existe consenso científico en la seguridad de los transgénicos para la alimentación humana y es partidaria de potenciar la agricultura orgánica, donde Bolivia tiene “un nicho”.
“Manejamos el principio precautorio, no requerimos que exista una catástrofe para tomar las medidas para evitarla”, explica a Efe.
A este argumento, la biotecnóloga Roca replica que “ninguna actividad humana ni tecnología es libre de riesgo”, pero los cultivos transgénicos pasan controles.
Lo cierto es que por falta de producción o porque los precios del exterior son más competitivos, Bolivia importa -con consentimiento del Gobierno- alimentos transgénicos.
Edilberto Osinaga, gerente general de la CAO, arguye que el rendimiento del maíz que produce Bolivia está “por la mitad o menos que cualquiera de los países del Mercosur”, por lo que el precio de venta no compensa a los productores.
La actual campaña de verano cuenta con un 27 % menos de superficie cultivada de maíz que la anterior, asegura.
La CAO denuncia que igual sucede con otros cultivos como el trigo o el algodón, lo que lleva a importar del Mercosur variedades transgénicas.
“Nos estamos cerrando mientras ellos avanzan muy rápido”, dice Osinaga respecto a la investigación en OGM, y denuncia que “cada vez se hace más difícil controlar el ingreso de productos de estos países”.
Ante la paradoja de que el país no produzca transgénicos pero sí los importe, Moreira recuerda que en breve entrará en vigor una norma para el etiquetado de tales productos, pues “la gente necesita saber qué es lo que está comiendo”.
Otro fallo de política de prohibición es el imperfecto control de los cultivos en Bolivia.
El vicepresidente de la empresa de insumos agropecuarios Interagro, Eduardo Nostas, estima que “un tercio de las semillas es ilegal”.
Su cálculo se basa en el cruce entre el número de semillas utilizadas por hectárea, la superficie cultivada y las toneladas registradas en el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Ganadera (INIAF), que certifica los semilleros nacionales.
“En la medida que el país no asuma la responsabilidad de la investigación legal”, declara a Efe, “seguirá entrando contrabando porque la biotecnología es una gran ayuda en cuanto a la productividad”.
“Necesitamos (...) mejorar este control”, reconoce la titular de Medio Ambiente.
Algunos críticos de los OGM se oponen a ellos por favorecer la agricultura extensiva y porque hacen dependientes a los pequeños productores.
Para Martín Vilela, sociólogo de la Plataforma Boliviana contra el Cambio Climático, es prioritario superar “el modelo agro empresarial solo para la exportación, extensivo y depredador” para avanzar hacia uno “comunitario familiar”.
También el director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Lorenzo Soliz, sostiene que hay alternativas para mejorar la productividad, como la inversión en riego en la región andina.
Según Soliz, ahora apenas el 9 % de los cultivos de esa zona está en regadío, un porcentaje “muy bajo” en la región.
La Constitución boliviana (2009) prohíbe la producción, importación y comercialización de OGM aunque en otro artículo recoge que serán regulados por ley.
El asunto se debatió en 2015 en una Cumbre Agropecuaria que agrupó a los sectores implicados y en la que el Gobierno mostró su predisposición al diálogo, pero dejó claro que no cambiará la regulación.
“No existió consenso para la implementación de otras especies y para el uso de estos transgénicos en Bolivia”, sentencia la ministra.
Por Carlos Heras
