Tras revelarse un supuesto esquema de coimas en la Municipalidad de Asunción, su jefe de Gabinete, Máximo Medina, habló al respecto con Radio Monumental AM, este viernes, y aseguró que la instrucción del intendente Luis Bello, es “ir hasta el final con todas las consecuencias que correspondan jurídicamente”.
Sin embargo, a 24 horas de conocerse los chats, desde la Comuna evitaron revelar la identidad del implicado, por una presunta homonimia, ya que existen tres funcionarios de nombre Juan Bernal, como se presentan en el chat.
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Aunque estén en conocimiento del número de teléfono desde el cual se comunicaron con la dueña del local, aseguran que no basta jurídicamente.
La planilla de salarios de setiembre en la Comuna registra dos funcionarios con el mismo nombre: Juan Carlos Bernal Marín trabaja en la Dirección de Obras Particulares, con salario de G. 6.919.456, y Juan Carlos Ramírez Bernal se desempeña en la Dirección de la Policía Municipal de Vigilancia, con un salario mensual de G. 8.614.438. A esto, un tercer Juan Bernal, nombre con el que se presentó el funcionario implicado en el chat, cumple funciones en el área jurídica, según Medina.
Supuestamente, el lento proceso se debe a que necesitan confirmar con la empresa de telefonía que el número utilizado corresponda con el verdadero responsable y constatar la voz del funcionario a través de una audiencia, más allá de que todo apunte a uno de ellos.
“No puedo adelantar nada aún porque nosotros debemos comprobar el hecho para poder abrir el sumario directamente contra estas personas y si existieren otros compañeros también. Y, si así fuere, derivar esto posteriormente a la Justicia penal”, señaló Medina.
Por instrucción del asesor jurídico Jorge Sabaté, se debe pasar por este proceso, dio a entender el jefe de Gabinete, ya que el proceso administrativo puede ser anulado si no reúnen pruebas contundentes, así como también a nivel penal, cuando se compruebe el hecho, podría actuar, según su visión, solo si cumplen con el lento proceso.
“La Fiscalía ni ningún organismo judicial va a poder actuar si nosotros no acompañamos documentos fehacientes. También el proceso administrativo (en la Municipalidad) puede ser anulado y no vamos a poder conseguir una eventual desvinculación si nosotros no tenemos incorporado jurídicamente un documento que avale que ese número corresponde a tal persona”, declaró el funcionario.
“Lo que nosotros queremos evitar acá es que se agarren de un mal procedimiento para anular el proceso, o si no, no vamos a conseguir el objetivo. Existen cuestiones jurídicas y ustedes entienden que son necesarias, que tenemos que llevar acciones para que esto llegue a su fin”, dijo Medina ante la insistencia de los conductores de la 1080 AM, sobre por qué no podía revelar la identidad del funcionario en cuestión, pese a manejar “extraoficialmente” de quién se trata.
“Yo en vivo no puedo, directamente, expliqué por qué, por cuestiones legales, acusar u otorgar ya la responsabilidad”, insistió.
Sobre el proceso en sí, el jefe de Gabinete capitalino señaló que la audiencia a realizarse con estas personas será grabada, como prueba, para cruzar las voces con el audio publicado. “Porque todo esto no está legalmente incorporado a la investigación. Eso es lo que yo le pido que entiendan y que no tomen como un apañamiento, sino como una cuestión legal que se está haciendo como corresponde”, manifestó Medina.
Antecedentes
Este jueves se dio a conocer una conversación en WhatsApp, que incluye varios mensajes de texto y un audio entre el funcionario de la Municipalidad de Asunción y la dueña de un local gastronómico en un patio de comidas tipo food park.
El intercambio de mensajes revelaría que el esquema de recaudación paralela, retención de actas por contravenciones y aprietes a dueños de locales comerciales siguen en la Comuna capitalina, pese al cambio de intendente, luego de la renuncia de Óscar Nenecho Rodríguez y que asumiera, en su reemplazo, el actual intendente, Luis Bello.
En el proceso de intervención de la Municipalidad de Asunción, que terminó con la renuncia de Nenecho para evitar su destitución, el interventor Carlos Pereira había denunciado ante el Ministerio Público un esquema irregular que consistía en retener actas por contravenciones a farmacias y locales gastronómicos, lo que impedía la aplicación de multas y, en algunos casos, llevaba a la prescripción de las infracciones.
