Cuando no sirven ni para la venta como chatarra y tampoco acepta el servicio de recolección municipal, estos desechos terminan en el fondo de la casa como potencial criadero de mosquito. O en el peor de los casos, en arroyos y ríos.
Mientras, en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) duerme en un cajón un proyecto de normativa que obliga a los productores o importadores a gestionar este tipo de basura.
“Nosotros trabajamos en un programa, en un proyecto de un decreto o de ley, que en todo el mundo se utiliza. Responsabilidad extendida al productor se denomina. Todos aquellos productos que sean peligrosos, los responsables de su recolección deben ser los importadores, los productores o los industriales”, señaló el director de Calidad Ambiental del Mades, Gustavo Rodríguez.
El funcionario indicó que tienen culminado el proyecto, desde el Gobierno anterior. Sin embargo, reconoció que por cuestiones políticas y económicas la normativa no logra ser tratada y sancionada.
“Hay este tipo de situaciones en las que los productores o los importadores no se quieren hacer cargo de estas cosas. Entonces, por supuesto, que va a haber una resistencia y hacen lobby con el presidente, con la Cámara de Diputados, con los gobernadores, no les conviene porque tienen que pagar ellos. Entonces, esas cosas también tenemos que manejar”, declaró.
En otros países, comentó, las empresas ya se hacen cargo de estas basuras. Por ejemplo, manifestó que dentro de una infraestructura como tinglados, los restos de televisores, celulares, computadoras, relojes se separan en área de plástico, metal y otros.
TELECOMUNICACIONES. Rodríguez mencionó que para el caso específico de aparatos electrónicos realizarán otra normativa, ya que la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas apoyará con un fondo aproximado de USD 90.000. Para los trabajos de consultoría y de convocar a los actores claves tienen tiempo hasta diciembre del 2025.
ENCUESTA. El almacenamiento de la basura electrónica en la propia vivienda llega al 36%, mientras que la disposición final en vertederos es preferencia para un 10%. La reventa y el regalo a terceros alcanza a más de la mitad de los casos, según un estudio sobre la situación de los deshechos, de aparatos electrónicos obsoletos en el país, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) del 2017.
El informe reveló que más del 50% de las instituciones públicas disponen de residuos electrónicos de todo tipo (a excepción de celulares corporativos), en algún sitio de resguardo.
Las impresoras y las computadoras de escritorio representan la mayoría de los residuos de oficina. La proyección para el 2025 es que se produzcan 80.762 toneladas de basuras electrónicas. Esto incluso sin contar con los celulares y computadoras, según el estudio de la Universidad Católica, apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
