El tenor de este artículo es que a través de este se otorgará a la autoridad de aplicación facultades excesivamente amplias y de redacción ambigua para regular e intervenir la estructura organizativa de los participantes del sistema, según Bancard.
Lo anterior incluye la posibilidad de exigir separaciones estructurales entre entidades vinculadas con base en criterios amplios y potencialmente arbitrarios como la transparencia o el interés público. Esto se estipula en el inciso e.
Además, se prevé –de acuerdo con el proyecto– suspender e incluso dejar sin efecto, las decisiones adoptadas por un administrador y/o proveedor de un servicio y/o sistema y adoptar las medidas que considere oportunas, lo que se contempla en el inciso q.
“Este artículo, lejos de promover un sistema de pagos moderno, eficiente e inclusivo, podría generar inseguridad jurídica, desincentivar la inversión y favorecer prácticas regulatorias discriminatorias. Consideramos necesario advertir sobre este riesgo, en tanto podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley, afectar la libre competencia, desalentar la innovación y limitar la participación del sector privado”, refiere en una parte del documento la entidad citada.
1Es importante mencionar, a criterio de Bancard, que el borrador del proyecto de ley socializado no incluía la atribución de separación estructural arriba mencionado “por lo que no tuvimos la oportunidad de exponer nuestra postura sobre el tema”, según agrega.
Por ello, la empresa solicita a Diputados por intermedio de sus comisiones competentes, que se le otorgue participación activa en el proceso de análisis del referido proyecto de ley, conjuntamente con los demás actores del sistema, en atención a la trascendencia del tema y a la necesidad de debatir sobre las graves consecuencias que podría acarrear la aprobación de una normativa de esta naturaleza para toda la población.
La Cámara de Senadores había aprobado con modificaciones a inicios de este mes el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Pagos.
La normativa deroga la Ley N° 4595/2012 Sistemas de Pagos y Liquidación de Valores y busca regular nuevos actores y servicios en el sistema de pagos, fomentar la interoperabilidad, permitiendo la conexión entre distintos sistemas de pago para facilitar transacciones accesibles a toda la población y fortalecer el rol del BCP.
Las modificaciones aprobadas, recomendadas por la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, se hicieron en el artículo 2, inciso b, y se agrega que, asimismo, el Banco Central del Paraguay reglamentará las medidas necesarias, ya sean de carácter general o particular, para garantizar la seguridad en el manejo de la información y la protección de datos de los participantes en el Sistema Nacional de Pagos.
