La Cámara Baja estudia este martes el pedido de revocatoria de la sanción a la diputada Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que hizo la oposición bajo el argumento de que la suspensión viola en forma flagrante el artículo 191 de la Constitución Nacional, de las inmunidades de los miembros del Congreso.
Una mayoría de diputados colorados y un grupo de liberales decidió el miércoles pasado suspender por 60 días a la legisladora liberal debido a expresiones en las que afirmó que unos 70 parlamentarios compraron su banca con dinero sucio.
El diputado Basilio Bachi Núñez, del Movimiento de Honor Colorado, argumentó en radio Monumental 1080 AM que tal situación fue lo que “colmó el vaso” y que la diputada tiene varias causales acumuladas en su contra. “De nuestra parte no hay cambios de postura”, acotó.
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“Acá no es como dicen muchos de los colegas que nosotros estamos aplicando el Artículo 190, donde se habla de la censura. Pero, la inmunidad de opinión tiene un límite y eso lo podes ver en jurisprudencia de países vecinos hasta de Paraguay”, sostuvo.
Cuando fue consultado sobre cuál fue la razón específica por la cual fue sancionada Amarilla, enumeró tres motivos. Como primer punto alegó que la misma reconoció en una sesión del año pasado que compró su banca por USD 200.000 y que eso está penado por la Ley de la Función Pública.
Entre otras cosas, también recordó la ocasión en que trató de burras a las maestras y dijo que en plenaria no deja hablar a otros diputados. “A los colegas, a los funcionarios, varias veces les insultó, les trató como burros”, expuso el legislador colorado.
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Bachi Núñez reiteró que Honor Colorado hoy no revertirá la sanción que se le impuso a Celeste Amarilla. “Hoy no, salvo que se hable. Si ella no reconoce los motivos por los cuales se le sancionó es imposible. A mí no me gusta pasar por esta situación”, expresó.
La diputada Kattya González sostuvo más temprano, en cambio, que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debe hablar con los 22 diputados de su movimiento para que se pueda revocar la sanción aplicada a la legisladora liberal Celeste Amarilla.
La oposición presentó una carta de denuncia ante sus pares de otros países sobre el caso, y ya llegó a manos de Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay.
