La Presidencia del Congreso emitió un comunicado para responder a publicaciones periodísticas que cuestionan los procesos vinculados a la cooperación de Taiwán, asegurando que todas las actuaciones se ajustan al marco jurídico vigente y a los mecanismos institucionales de control.
El Congreso lleva adelante varias millonarias licitaciones con fondos provenientes del Gobierno de Taiwán. Se trata de una donación de USD 8 millones.
“Ante publicaciones periodísticas que generan cuestionamientos sobre los procesos vinculados a la cooperación de la República de China (Taiwán), el Congreso Nacional considera oportuno aclarar que estos se ajustan plenamente al marco jurídico vigente y a los mecanismos institucionales de control”, expresa el comunicado.
Resalta que las afirmaciones relativas “a supuesta opacidad, direccionamiento o irregularidades carecen de respaldo técnico y omiten considerar tanto el marco normativo aplicable como los mecanismos de control implementados”.
Según la institución, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) determinó expresamente que los procedimientos relacionados con este proyecto están excluidos de la aplicación de la Ley de Contrataciones, en razón de tratarse de una cooperación internacional en la cual no existe erogación de fondos públicos ni administración financiera por parte del Congreso.
En ese sentido, Bachi sostiene que no corresponde afirmar que se haya eludido la normativa, ya que fue el propio órgano rector en materia de contrataciones el que estableció su inaplicabilidad en este caso.
No obstante, indica que adoptó medidas adicionales de transparencia para la ejecución del proyecto, orientado a la modernización de su infraestructura mediante recursos de cooperación internacional.
Señala que se dictó un reglamento interno que reproduce sustancialmente los principios, etapas y garantías procedimentales previstos en la Ley de Contrataciones Públicas, adecuándolos a la naturaleza del proyecto y su fuente de financiamiento.
También refiere que los llamados fueron publicados en la plataforma de la DNCP, posibilitando la participación de oferentes, aún cuando no existía obligación legal de canalizarlos a través de dicho sistema.
Asimismo, informó que en setiembre de 2025, la Presidencia del Congreso solicitó a la Contraloría General la verificación de los procesos de contratación, poniendo a disposición toda la documentación correspondiente. También se conformaron instancias técnicas especializadas, como la Unidad Ejecutora del Proyecto y el Comité de Evaluación, que garantizan la trazabilidad, análisis técnico y control en cada etapa del proceso.
Agrega que se solicitó a la Contraloría la verificación de los procesos de contratación vinculados a este proyecto.
En setiembre del año pasado, ÚH publicó los detalles de las licitaciones con la aclaración de la DNCP del porqué no podía controlar.
