De esa forma adelantará la sesión preparatoria para elegir mesa directiva con una sesión que tendrá lugar posiblemente el lunes.
Para evitar que se fuguen los votos con los que ya cuenta, Bachi y sus aliados llevarán adelante la modificación del artículo 11 del reglamento interno que establece los plazos para elegir mesa directiva.
El documento ya sufrió cambios cuando en marzo el senador Núñez consiguió los votos para el periodo que está vigente y se estableció el plazo desde el 2 de marzo hasta el 30 de junio.
El legislador ya cuenta con los votos necesarios para su reelección y dejará de lado a colegas suyos de Honor Colorado que buscan ocupar el cargo como Derlis Maidana y Silvio Ovelar, lo que demuestra que en la pulseada dentro del cartismo Bachi tiene más peso y más cercanía a Horacio Cartes.
Al ser consultado sobre el tema, Bachi no negó la información. “Depende de los colegas”, respondió y agregó que su prioridad es el estudio del Presupuesto de Gastos.
También trascendió que estaría hablando hoy sobre el tema con los periodistas acreditados en el Congreso Nacional.
Cabe recordar que Maidana ya había perdido la pulseada para ser líder de bancada, donde quedó el ex abdista Natalicio Chase.
Chase tenía el apoyo fuerte de Bachi, quien operó a su favor, pese a que Maidana cuenta con más antigüedad en el movimiento y ya pasó por varios cargos.
De la misma forma, Silvio Ovelar perdió el respaldo de sus colegas cuando se mostró en contra de la expulsión de Kattya González y reveló que la decisión salió del Comando de Honor Colorado.
Bachi replicará lo mismo que hizo Óscar Salomón, quien estuvo 3 periodos consecutivos, y Pedro Alliana, quien estuvo por tres periodos. También Hugo Velázquez había estado por varios periodos.
No obstante, esta será la primera vez se llevará adelante la elección de una mesa directiva días antes del receso parlamentario, que iniciará el 21 de diciembre.
En marcha. El plan de Bachi de continuar al frente del Congreso hasta el 2026, coincide con la refacción del Congreso por más de G. 3.600 millones para más oficinas, escudándose en la superpoblación de funcionarios, que ellos mismos contratan.
