El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, se pronunció ayer sobre la iniciativa impulsada por el senador opositor Eduardo Nakayama, quien anunció que solicitará una revisión exhaustiva de todos los funcionarios públicos que obtuvieron ascensos, bonificaciones o mejoras salariales gracias a títulos universitarios cuestionados o presuntamente irregulares.
A través de sus redes sociales, Núñez expresó su respaldo a la propuesta y sostuvo que el cambio debe comenzar desde el propio Parlamento.
Debemos empezar por casa, dar el ejemplo desde nuestro propio espacio para que luego sea transversal a los demás poderes del Estado”, escribió el titular del Senado, en un mensaje que fue interpretado como un intento de marcar distancia de los recientes escándalos vinculados a títulos universitarios.
El apoyo de Bachi Núñez se da en medio de una creciente presión pública tras los casos que involucraron al ex senador cartista Hernán Rivas y al ex legislador colorado Erico Galeano, ambos señalados por presuntas irregularidades relacionadas con sus antecedentes académicos y procesos judiciales.
Nakayama había advertido que estas situaciones no serían hechos aislados, sino parte de un esquema más amplio de corrupción y tráfico de influencias enquistado dentro de las instituciones públicas.
Según el legislador, numerosos funcionarios habrían accedido a cargos, categorías salariales y beneficios económicos utilizando títulos obtenidos de manera irregular o en universidades bajo sospecha.
Para el senador opositor, los casos de Rivas y Galeano serían apenas “la punta del iceberg” de una estructura que involucra favores políticos, manipulación de documentación académica y utilización de influencias para sostener privilegios dentro del aparato estatal.
La polémica se intensificó luego de que salieran a la luz cuestionamientos sobre títulos expedidos por universidades privadas que actualmente están bajo la lupa pública y judicial.
Uno de los casos más resonantes fue el de Hernán Rivas, cuya titulación como abogado generó una fuerte controversia nacional debido a sospechas de que no habría cursado regularmente la carrera de Derecho.
El tema provocó un fuerte debate sobre la calidad del sistema universitario, los mecanismos de control del Estado y la utilización de títulos académicos como herramienta para acceder a mayores ingresos dentro de la función pública.
En ese contexto, Núñez aseguró que acompañará cualquier iniciativa orientada a transparentar la situación de los funcionarios y afirmó que solamente con medidas concretas se podrá recuperar la credibilidad institucional.
“Solo así generamos un cambio real y creíble”, expresó.
Hasta el momento no se precisó cómo se llevaría adelante el proceso de verificación ni qué organismos serían responsables de auditar la autenticidad de los títulos.
Sin embargo, desde distintos sectores ya se habla de la necesidad de cruzar datos con el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y las universidades involucradas, según mencionaron.
