El avión 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y que actualmente pertenece a Emtrasur, filial de la estatal venezolana Conviasa, empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, partió desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, en la localidad de Ezeiza con destino a EEUU.
La tripulación que había llegado en el avión al vecino país el 6 de junio de 2022, que estaba conformada por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue retenida inicialmente por la Justicia argentina y puesta en libertad después por el juez federal Federico Villena por falta de evidencia por el delito de financiación de actividades terroristas.
El avión había llegado a Argentina procedente de México y tras hacer una escala en Venezuela. Dos días después, partió de Argentina para cargar combustible en Uruguay, pero tuvo que regresar al aeropuerto de Ezeiza porque el país vecino no autorizó su aterrizaje.
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A su regreso a Ezeiza, la Justicia argentina ordenó inmovilizar la nave y dispuso que los 19 tripulantes del avión no podían salir del país. Con el correr de la investigación, la nave quedó en Buenos Aires, pero los tripulantes fueron liberados.
La justificación de la reclamación por parte de Estados Unidos es que fue una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio de EEUU la que transfirió el avión —de fabricación estadounidense— a un tercero, algo prohibido precisamente a efectos de la sanción.
La decisión de decomisar y entregar el avión retenido fue adoptada por la Justicia argentina en consideración a un tratado suscrito por Argentina y EEUU, por el cual ambos países “se comprometieron a brindarse asistencia mutua”, lo que incluye la “cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro”.
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La decisión de la Justicia argentina provocó una dura reacción de las autoridades venezolanas, que exigieron “la inmediata devolución de la aeronave” el pasado 30 de diciembre en un comunicado que expresaba que el tratado entre Argentina y EEUU “no puede ser aplicado a un tercer Estado porque estaría en franca violación a las obligaciones asumidas en convenios multilaterales”, que establecen “procedimientos para resolver este tipo de controversias”.
Antes de la partida del avión se sumó un confuso episodio, cuando el segundo de la Embajada de Venezuela en Buenos Aires violó la seguridad del avión Emtrasur Cargo al sacarle fotos el 6 de febrero pasado, acompañado por un funcionario de la Administración Nacional de Aviación Civil, por lo que fue declarado persona no grata y dejó el país en las 48 horas siguientes.
En Paraguay, la aeronave fue vinculada con el ex presidente Horacio Cartes, sancionado por EEUU. Había estado también en el país unos días para el traslado de cigarrillos de la firma Tabacalera del Este SA (Tabesa).
EFE.
