Miguel Caballero, el nuevo jefe del Departamento de Represión al Contrabando de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA), habló este viernes a través de Monumental 1080 AM sobre la resolución que aprueba el Régimen de Despacho Simplificado de Tráfico Vecinal Fronterizo, conocido anteriormente como régimen de pacotilla, con lo que se permite ingresar al país mercaderías adquiridas en ciudades que colindan con el país.
Al respecto, recordó primero que dichas compras solamente están autorizadas a las personas que viven en una franja de 20 kilómetros de la frontera, de donde se adquieren los productos.
Sostuvo que, de acuerdo con la reglamentación, la autoridad de control, al momento del paso fronterizo, tiene la facultad de solicitar al comprador un documento de vida y residencia que acredite su domicilio.
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Asimismo, dijo que la principal exigencia es que se presenten las facturas legales que acrediten las compras.
“Se va a controlar la emisión de facturas de los locales. El ciudadano que va a comprar necesita la factura para poder registrar en el sistema y hacerlo de la manera más transparente y legal”, aseguró en entrevista con la emisora.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 7 de la resolución sobre el régimen de pacotilla, señaló que se establece que las compras de hasta USD 300 (unos G. 2.150.000) son por “persona física, siempre y cuando no sea del mismo núcleo familiar”, además de que solo puede ser una vez al mes.
Ejemplificó que si uno compra por USD 150 (alrededor de G. 1 millón) en setiembre, igual deberá esperar hasta octubre para volver a realizar la compra.
“Es lo que tenemos que controlar. Si en un vehículo se van cinco personas del mismo núcleo familiar, no podemos permitir que cada uno compre por USD 300".
En cuanto a los productos que sí están permitidos, recordó que solamente pueden ser mercaderías de consumo o aseo personal destinadas a abastecer al comprador, a excepción de cualquier tipo de carne.
Con relación al combustible, para lo cual también cientos de ciudadanos viajan hacia la frontera actualmente para cargar, dijo que esto aún “es algo imposible de controlar”.
Manifestó que el Régimen de Despacho Simplificado de Tráfico Vecinal Fronterizo se aplica tanto para compras de Clorinda como para cualquier ciudad fronteriza con Paraguay, recordando que no exime a la persona del pago de impuestos, así como no está permitido que los productos se destinen a la comercialización interna.
Debido a los reclamos que generó la normativa ante la falta de agilización para los ciudadanos, Caballero aseguró que, en conjunto con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), están trabajando en varios proyectos de mejoramiento, “a los efectos de que se pueda realmente agilizar a la ciudadanía, que se le pueda dar la comunicación y una transparencia”.
Añadió que están buscando implementar aplicaciones o herramientas tecnológicas para realizar el control y que sea más agilizado en las rutas sin que se lleve demasiado tiempo. Adelantó también que la resolución sobre el régimen aduanero puede ser modificado y que no descartan agregar más productos permitidos al listado.
Lucha al contrabando
El Gobierno de Santiago Peña anunció recientemente un nuevo plan de lucha contra el contrabando, asegurando que se reforzarían los controles en las zonas fronterizas más sensibles, por donde pasan los grandes cargamentos de productos ilegales, pero también contempla el control al conocido como contrabando hormiga.
A fin de contrarrestar esto último, desde la Dirección de Ingresos Tributarios recordaron la vigencia del régimen de compras fronterizas de países vecinos, con un cupo de compra de USD 300 por persona física, por mes calendario.
Una vez que vean un vehículo que transporta productos, los funcionarios aduaneros deben solicitar su documento de identidad personal y la factura comercial de las mercaderías adquiridas, además del certificado de vida y residencia.
Las mercaderías de origen Mercosur no están sujetas al pago de aranceles aduaneros, pero sí deben pagar el impuesto al valor agregado.
